El Senado debate sobre donación de plasma, receta médica electrónica y privacidad de conversaciones
El Senado volverá a sesionar la semana próxima con una agenda en la que se incluyeron varios proyectos de Ley con respaldo unánime como la donación voluntaria de plasma, la receta médica electrónica, el aumento de las multas para la violación de conversaciones privadas y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
El objetivo es que la Cámara alta vuelva a sesionar la semana próxima y la siguiente, tal como anunció el jefe de la bancada del Frente de Todos (FdT), José Mayans.
De todos modos, el temario definitivo será resuelto este lunes cuando se conozca la convocatoria formal.
La última vez que el Senado celebró una sesión fue el 24 de junio, cuando se debatió la creación de la Bicameral de investigación de las deudas que la cerealera Vicentin mantiene con el Banco de la Nación Argentina.
En aquel plenario se registró una dura disputa entre oficialismo y oposición por el resultado de la votación, que fue ganada por simple mayoría por el FdT cuando Juntos por el Cambio (JxC) afirmaba que se necesitaban dos tercios de los votos para sancionar la creación de una Comisión parlamentaria.
Los posibles proyectos a tratar
Los proyectos de Ley que, en principio, serían puestos a consideración por los legisladores tienen el aval unánime de todos los bloques, por lo que no debería reiterarse la fuerte disputa de la última vez.
El proyecto de ley que promueve la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus fue el resultado del aporte hecho por las principales bancadas de la Cámara de Diputados, por lo que fue aprobado por unanimidad.
La iniciativa establece además «una licencia especial para los y las donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen».
En el mismo sentido, se los reconoce como «ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República Argentina».
El proyecto también procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de Covid-19, aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo.
Los senadores también debatirán sobre un proyecto que permite en formulario electrónico la prescripción médica, odontológica o de otros profesionales de las recetas o estudios médicos a todos los profesionales sanitarios legalmente facultados a prescribir, en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública y privada.
En ese sentido, el proyecto fija que «los medicamentos prescriptos en receta en formato electrónico o digital deberán ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional, servicios de farmacia de establecimientos de salud y establecimientos del sector salud habilitados para tal fin, acorde a las disposiciones vigentes».
Asimismo, determina que los responsables de la fiscalización de los sistemas de receta electrónica y plataformas de teleasistencia deben «garantizar la custodia de las bases de datos de asistencia profesional virtual (historias clínicas digitales), prescripción, dispensación y archivo».
El Senado también debatirá un proyecto que pretende aumentar las multas por la difusión de conversaciones privadas y que agrava las penas cuando se trata de documentos de índole sexual.
La iniciativa aumenta la pena de multa para quien revele charlas privadas de los actuales 1.500 pesos a hasta 10.000 y a 100.000 para quien «tenga una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad y los hiciera publicar o facilitare su publicación si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros».
También propone una pena de «prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa al que por cualquier medio y sin expresa autorización difundiera o pusiera al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenido de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando consentimiento de la víctima».
Finalmente, se reprimirá con «prisión o reclusión de tres a ocho años, al que por amenazas de imputaciones contra el honor» difunda documentos con contenido obtenido como «consecuencia de una relación íntima o de violación de secretos».
Por último, los legisladores le darán su apoyo a dos proyectos de Ley enviados por el Poder Ejecutivo y que están vinculados con el reclamo argentino de soberanía sobre el Atlántico Sur.
El primero de los expedientes crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El segundo incorpora una nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República Argentina.
Fuente: Télam.
