El procurador Canteros afirmó que «los desalojos se van a cumplir» pero que es una «situación previsible»
El procurador general de la provincia Jorge Canteros se refirió a la situación de las usurpaciones en Chaco que tuvieron un incremento en las últimas semanas.
En comunicación con Diario Chaco mencionó la reunión que mantuvo el pasado lunes 7 se septiembre con la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar; la secretaria de Ordenamiento Territorial y Ambiente, Marta Soneira; el subsecretario de Articulación Comunitaria y Gestión de Tierras, Leandro García Arias; el procurador Adjunto, Miguel Fonteina; la directora de la Oficina de Política Criminal, Mirbel Valussi; y autoridades de las fuerzas de seguridad provincial y federal. Además, estuvieron presentes intendentes de los municipios de la Región 10.
“Se trataron 3 temas centrales y estuvieron las fuerzas policiales de la provincia y las federales, se habló del tema de usurpaciones, movilizaciones sociales y fiestas clandestinas. En esa reunión planteamos que hay temas que requieren que el Poder Ejecutivo se haga cargo porque, por ejemplo, el reclamo de las movilizaciones sociales no lo podemos atender desde el Poder Judicial”, explicó el procurador.
En relación al tema de las usurpaciones aclaró que “hace mucho tiempo teníamos mandamientos de desalojo de varias propiedades particulares y del Estado que estaban paradas porque no teníamos personal policial ya que los mismos estaban afectados al aislamiento social”. En este punto hizo hincapié en la importancia del trabajo conjunto con la Policía para poder llevar a cabo estos desalojos y que por este motivo no podían llevarse a cabo los operativos cumpliendo los protocolos vigentes.
Sin embargo, destacó que en estos últimos 10 días el jefe de la policía Ariel Acuña le manifestó que los efectivos “ya estaban disponibles para colaborar”. “Además hay que darle intervención y comunicar a organismos de derechos humanos, Desarrollo Social, porque hay gente mayor, embarazadas, niños y también se necesita la intervención de la Secretaría de Desarrollo Territorial ya que si bien hay gente que salió de sus casas para ocupar otros lugares, hay otras que no tiene donde ir”.
En la última semana transcurrida, del 7 al 14 de septiembre se llevaron a cabo cinco desalojos y cuatro de ellos fueron masivos. Dos de los más importantes se dieron en Barranqueras en un territorio perteneciente a la intendencia: “Eran 30, 35 familias, unas 120 personas y se movilizaron más de 200 efectivos policiales para poder hacer el desalojo y poder cumplir el protocolo”.
El otro foco grande fue en el Campo de Tiro donde hubo movilizaciones que trataron de obstruir el operativo pero que finalmente pudo llevarse a cabo. En todos estos casos, Canteros destacó que no hubo personas detenidas ya que en ningún momento la situación se tornó compleja ni hubo casos de desobediencia policial.
En cuanto al trabajo que llevan adelante los fiscales en estas situaciones, Canteros insistió que se trata de una situación que se puede prever. “Es previsible, se trabaja en equipo y con ayudantes fiscales para poder hablar con las personas, explicarles que son órdenes judiciales que hay que cumplir”.
También agregó que las causas por usurpaciones están distribuidas practicante entre todos los equipos fiscales, excepto aquellos que se enfocan en un trabajo puntual como los de violencia de género o cibercrimen.
Sobre al avance de los trabajos de desalojo en terrenos ocupados, el procurador concluyó: “hay movilizaciones en contra de esto, pero por ahora no hay ninguna directiva en contrario por lo que los desalojos se van a cumplir”.
