El oficialismo de Boca denuncia persecución judicial «contra el club y su gente»
El oficialismo de Boca Juniors denunció mediante un comunicado oficial en la noche del viernes una persecución judicial de parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires «en contra del club y su gente», luego de la clausura -posteriormente levantada- de la Bombonera, tras el partido Argentina-Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.
A través de un comunicado, la institución «Xeneize» indicó que las maniobras de la Justicia porteña «se están haciendo habituales», pues durante otras ocasiones «se aplicaron iguales arbitrariedades este año, dejándose sin efecto con la misma inmediatez».
Más temprano, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había procedido a suspender el estadio boquense, a partir de haber comprobado que «ingresó más gente de la permitida» en el partido que Argentina perdió con Uruguay por 2-0 en La Bombonera, en el marco de la quinta fecha de la competencia.
«Sin dudas deja en evidencia que el objetivo no era velar por la seguridad del público sino procurar una repercusión mediática, perjudicando al club y sus hinchas», se quejó el club en el texto.
El comunicado también reveló que Cristian Riquelme, hermano de Juan Román (vicepresidente y encargado del fútbol en la entidad), y Ricardo Rosica, secretario general del club, fueron citados a declarar por la causa de un eventual manejo discrecional de venta de entradas el próximo miércoles 22 de noviembre.
Ese mismo día, el equipo que dirige en forma interina el DT Mariano Herrón deberá asumir su compromiso de semifinales por Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata, en partido que se llevará a cabo en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.
Más temprano, el titular del Departamento de Legales del club, el abogado Sebastián Rodríguez, reseñó en un texto «lo que viene ocurriendo con la Justicia y cómo se perjudica sin razones verdaderas a Boca y a la familia Riquelme», dijo.
El comunicado también aclaró que Cristian, el hermano menor de Juan Román, «sufrió un episodio de intimidación en la vía pública que incluyó la incautación de su teléfono», en un hecho que sucedió previo a la final de la Copa Libertadores con Fluminense, jugada en Río de Janeiro.
«Aunque estos hechos, que extrañamente (o no) sucedieron en la previa de una final de Copa Libertadores y una semifinal de Copa Argentina, buscan dañar la imagen del club y de la familia ‘Xeneize’, la Comisión Directiva de Boca Juniors continuará ejerciendo sus funciones de manera responsable», aclaró.
Además, el texto consideró que estará «garantizada» la realización de «un comicio ejemplar» el sábado 2 de diciembre, para «que los socios y socias puedan elegir a las autoridades del período 2023-2027», concluyó.
Fuente: Télam
