El juez Casanello procesó a Eduardo Belliboni por un fraude millonario con los planes sociales
El juez Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por el delito de adminsitración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
El magistrado dio por probado que el líder piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibieron la asociación civil Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado hacia una red de empresas que se habrían usado para justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final del dinero.
Además, el juez federal Sebastián Casanello le trabó un embargo de $390 millones.
El procesamiento alcanzó Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La decisión alcanzó además a María Isolda Dotti y Gianna Puppo: para ellas, el procesamiento no solo fue por defraudación sino también por “amenazas coactivas”. A Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia las acusan de ser autoras de amenazas. También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas.
La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.
Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez llamó a indagatoria porque “diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó. Y destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Los acusados desfilaron por Comodoro Py y negaron las acusaciones. Aseguraron además que se trata de una persecución política de parte del Gobierno contra las organizaciones populares.
El último día antes del inicio de la feria judicial de invierno, el fiscal Gerardo Pollicita pidió ampliar la acusación y, tal como detalló Infobae, pidió que Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita que fue responsable de la Secretaría de Economía Social durante el Gobierno de Alberto Fernández, sea citado a declaración indagatoria. Lo acusa de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió que el Polo Obrero “extorsionara a beneficiarios de planes sociales” y usara el dinero que recibía para financiar sus actividades partidarias.
Esa cuestión será ahora analizada por el juez Casanello, que -por lo pronto- esta mañana, al reanudarse la actividad judicial, firmó el procesamiento de Belliboni y el resto de los implicados. Para el juez, “ha quedado demostrado que las personas nombradas, que tenían a su cargo la administración de tales fondos, se apartaron de las obligaciones asumidas y los aplicaron a una finalidad distinta”.
El juez afirmó que “el desvío de la finalidad del convenio celebrado entre las referidas unidades de gestión y el ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no se circunscribió únicamente al uso indebido y con fines particularizados de los fondos recibidos en concepto de subsidio institucional”. Hubo una segunda parte que se plasmó “a partir de un aprovechamiento de la posición de poder en que se encontraban respecto de los beneficiarios del programa social, a quienes se les impuso el cumplimiento de una serie de exigencias, bajo la advertencia de perder la ayuda estatal, que no tenían que ver con el objetivo de promover su inclusión social y/o contribuir al mejoramiento de su empleabilidad”.
“Nuevamente se puso de manifiesto aquí el propósito de financiar y robustecer la actividad político–partidaria. Es la contracara del primer desvío, pues el desfinanciamiento de la unidad de gestión implicó hacer a un lado la contraprestación y reemplazarla, sustancialmente, por la obligación de marchar bajo la bandera del Polo”, añadió el juez.
