La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, confirmó esta información y destalló que la totalidad de los empleados y empleadas que pasarán a planta permanente se encuentran contratados desde hace más de siete años por parte del Estado nacional.
A la vez, el Gobierno hizo un relevamiento en el que detectó que hay otros 20.000 empleados públicos que tienen contratos desde hace menos de siete años y 4.000 del área de la salud en similares situaciones.
Todos ellos son de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y dependencias autárquicas que dependen del Estado central. No se cuentan allí los empleados del Poder Judicial ni del Poder Legislativo.
Según datos oficiales aportados por la Oficina de Gestión y Empleo Público, en la actualidad hay unos 60.000 empleados estatales con contratos laborales que se van actualizando cada año en el Poder Ejecutivo Nacional donde hay un total de 127.000 trabajadores estatales del Poder Ejecutivo. Esto es: casi la mitad de los empleados del Estado nacional son contratados y el resto planta permanente.
«Debemos cumplir con la ley y terminar de una vez con esta inequidad laboral en que se encuentran los empleados públicos desde hace muchos años», destacó Castellani a El Cronista. La funcionaria aclaró que la incorporación de empleados a la planta de personal estable no implicará un gasto alguno para el Gobierno.
Sin embargo, el economista Roberto Cachanosky, quien desde hace varios años viene haciendo un relevamiento a nivel nacional del incremento del empleo público dijo a este medio que «con el aumento de personal estable el próximo Presidente que venga no podrá reducir la planta de personal del Estado».
Además, Cachanosky reveló que el incremento de personal estatal se da también en los municipios y en las gobernaciones provinciales con «claros fines políticos de cada mandatario de turno».
El Gobierno hizo un relevamiento en el que detectó que hay otros 20.000 empleados públicos que tienen contratos desde hace menos de siete años y 4.000 del área de la salud en similares situaciones.
PLAN NACIONAL
En el horizonte inmediato del Gobierno, a los 11.172 empleados públicos que se acaban de incorporar en la planta de personal permanente se le sumarán otros 25.000 empleados antes de que finalice el actual mandato Alberto Fernández. Este es el plan nacional que se trazó la Casa Rosada.
Es decir, que el objetivo central es llegar al 2023 con un total de 36.000 empleados más en la planta permanente del Estado nacional contando a los trabajadores que desde hace más de 7 años que tienen con contratos laborales renovables en cada período.
Allí no se toma en cuenta los 200.000 trabajadores que hay en el Estado central por fuera de convenio como puede ser el personal de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, entre otros.
Los estatales de ATE vienen reclamando desde hace tiempo la incorporación a planta permanente el personal
En el gobierno aclararon que el objetivo de máxima fijado por la administración de Alberto Fernández es regularizar la situación de muchos trabajadores que no tienen estabilidad laboral. De hecho, si bien a un contratado actual no se le paga indemnización si se decide no renovar su contrato, este puede recurrir a la justicia para reclamar por la estabilidad laboral. Eso es lo que quiere evitar el Gobierno.
ACUERDO CON EL FMI
El objetivo de sumar un total de 36.000 trabajadores a planta permanente va a contramano del compromiso de Alberto Fernández con el FMI por cumplir con las metas de ajuste fiscal.
A la vez, el plan de incorporación de planta permanente se contradice con la decisión del Gobierno que oficializó hace menos de un mes el congelamiento de la planta del Estado, que dispuso el mes pasado, a las empresas públicas e incluso las privadas que le prestan servicios.
La reciente Resolución Administrativa 1086/2022 que habilitó a 11.172 trabajadores estatales a pasar a planta permanente fue firmada por la Jefatura de Gabinete a cargo de Juan Manzur y el ministro de Economía Sergio Massa. Estos pusieron en marcha el denominado «plan de regularización de empleo público».
Castellani explicó que la decisión administrativa 1086/2022 publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial, que autoriza el llamado a concurso de 11.172 cargos en el Estado Nacional, «regulariza la situación de personas que trabajan hace al menos cinco años en el Estado en una modalidad de designación transitoria».
Además, la funcionaria reveló que la norma «da la posibilidad de concursar para regularizar su situación a gente que trabaja en el Estado incluso desde los períodos de (Carlos) Menem, (Eduardo) Duhalde, de Cristina (Fernández de Kirchner) o mismo (Mauricio) Macri». Y subrayó en ese sentido que «tener la posibilidad de concursar por el cargo que ocupa es un derecho elemental del trabajador».
Fuente: El Cronista
