El Gobierno nacional reglamentó la Ley Lucio: la lucha por su aprobación
Este miércoles se publicó el decreto que la reglamentó tras su aprobación en el Senado el pasado 13 de abril. Pone énfasis sobre las capacitaciones y las denuncias. La lucha de la familia Dupuy por conseguirla.
A casi tres semanas de haber sido aprobada en el Senado de la Nación, el Gobierno nacional promulgó este miércoles 3 de mayo la Ley Lucio, que busca prevenir las situaciones violentas y abusivas contra las infancias. Se trata de la normativa que surgió tras el asesinato del niño pampeano Lucio Dupuy, que fue asesinado por su madre y la pareja a los 5 años.
La normativa salió publicada esta madrugada en el Boletín Oficial bajo el decreto 253/2023 y las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
Con la promulgación, ahora el Estado debe poner en marcha los mecanismos establecidos para que se cumpla el objeto de la norma. Vale recordar que la ley, que logró la sanción en el Senado el pasado 13 de abril, tiene como finalidad establecer capacitaciones continuas, permanentes y obligatorias en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Esas capacitaciones están apuntadas a que las realicen aquellos profesionales que se desempeñan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, que forman parte «corresponsable» del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Siempre con un objetivo de fondo: que se generen las acciones necesarias para evitar que niños y niñas sean sometidos a situaciones de violencia y abusos que pongan en riesgo su integridad. Así, lograr que no haya más casos como el de Lucio Dupuy, por el que su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ella, Abigaíl Páez, fueron condenadas a prisión perpetua por la Justicia de La Pampa.
Entre esas medidas que establece la ley también podrán recibir las capacitaciones los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de la ley.
Con la publicación de la promulgación en el Boletín Oficial, ahora la autoridad de aplicación tiene un plazo de seis meses para elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación que contempla la norma.
Los puntos centrales de la ley
Un eje de importancia es que la normativa fue planteada por un diputado del PRO, Martín Maquieyra, quien estuvo cerca de la familia desde los días posteriores al crimen. El legislador opositor comenzó a trabajar en la elaboración de la ley que consiguió el apoyo de sus pares no solo opositores, sino que del oficialismo también: el 13 de abril fue aprobada por unanimidad.
La autoridad de aplicación de la norma será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente de Desarrollo Social.
Un eje central que establece la normativa es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando «la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad». Es decir, que pueda haber denuncias anónimas.
Además, busca propiciar la perspectiva de género y diversidades, respetar la Convención de los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas y formar y sostener vínculos afectivos y de confianza durante la convivencia social para beneficiar al desarrollo de las infancias.
Asimismo, la Ley Lucio apunta a la generación de espacios y métodos para que niños, niñas y adolescentes puedan alcanzar su derecho a ser oídos en procesos administrativos y judiciales, de modo que se habilita su participación en distintos ámbitos sociales y comunitarios.
El camino hacia la Ley
El punto de partida fue el conmocionante asesinado de Lucio Abel Dupuy en Santa Rosa, La Pampa, ocurrido en noviembre de 2021.
Con el correr de los días, el caso puso de manifiesto una situación alarmante: habían existido una gran cantidad de señales de alarma que ningún agente del Estado provincial logró detectar. Es decir, se conocieron al menos cinco ingresos del niño al Hospital Evita de la capital provincial para atenderse diferentes heridas, entre ellas una fractura.
En el ámbito educativo tampoco hubo alguien que detectara comportamientos inusuales del niño o incluso advierta qué podría pasar a partir de sus heridas.
Esa situación motivó a que varios funcionarios estatales de La Pampa sean llamados a presentarse ante la Cámara de Diputados para una interpelación. Qué elementos de la cadena de responsabilidades fallaron y podrían haber evitado el desenlace, es la pregunta central.
La familia Dupuy y su abogado, José Mario Aguerrido, dijeron meses atrás que una vez que termine el juicio contra Espósito Valenti y Páez se iban a concentrar en una denuncia para que se investigue el rol del Estado pampeano.
