El Gobierno Nacional amenaza con cortarles la luz a Chaco y a Villa Gesell
La reducción del déficit fiscal, obsesión del presidente Mauricio Macri y principal tarea del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, está a punto de cobrarse dos víctimas inesperadas. Cammesa, la administradora estatal del mercado eléctrico, amenaza a las distribuidoras de Chaco y de Villa Gesell con cortarles el suministro si no se ponen al día con la millonaria deuda que mantienen por no haber girado los fondos para pagarles a las generadoras. Son los primeros casos de una larga lista de deudores.
Hasta ahora, esa cuenta la cubre parcialmente el gobierno nacional. Sin embargo, para cuidar la caja en un contexto de austeridad presupuestaria, activó los mecanismos para achicar en los próximos días el suministro de luz a esos distritos. Si eso ocurre, las autoridades deberán tomar medidas para disminuir su consumo -por ejemplo, mediante la disminución del alumbrado público- y que las restricciones no afecten a los hogares.
Así se desprende de documentación de Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico, que vio LA NACION. Se trata de una empresa mixta integrada por los actores del sector, pero conducida por el Gobierno. Entre sus tareas figuran la organización del despacho, el cobro a las distribuidoras (como Edenor y Edesur) y el pago a las denominadas generadoras, como Yacyretá, Costanera y Central Puerto, entre muchas otras, que son las encargadas de producir la electricidad.
En total, las distribuidoras deben $36.500 millones. De ese monto, una parte ya se renegoció, pero otros $19.500 millones se acumularon en los últimos tres años. Es la parte que el Gobierno busca cobrar de inmediato.
Por la deuda de las distribuidoras, Cammesa les comunicó a las generadoras que solo les pagará el 80% de la transacción de diciembre. Secheep es la distribuidora de Chaco, que depende de la gobernación de Domingo Peppo, un justicialista cercano al exjefe de Gabinete kirchnerista Jorge Capitanich, ahora intendente de Resistencia. Le debe al sistema casi $5000 millones, cifra que sumó en nueve meses.
Un caso similar al de Chaco ocurrió con EPEC, la distribuidora de Córdoba. La empresa le debía a Cammesa unos $3800 millones. Entre intimaciones y negociaciones, pagó $3500 millones y saldó la molestia del Gobierno por ese tema.
Aunque ningún gobernador lo dirá abiertamente, las provincias suelen utilizar fondos recaudados a través de la factura de electricidad para atender necesidades fiscales que no tienen que ver con el servicio. Es el motivo principal por el que se acumula una deuda con el sistema que, por caso, no tienen hoy empresas privadas como Edenor y Edesur.
A fines del año pasado, directivos de la empresa chaqueña se reunieron con los de Cammesa, cuyo gerente general es Mario Cairella. De las negociaciones participaron Energía, Hacienda y el Ministerio del Interior, que maneja Rogelio Frigerio. Peppo les prometió que solucionaría la deuda y se firmó un acuerdo para atender el 100% de ese pasivo el 12 de noviembre. Pero ante la falta de pago Cammesa inició acciones legales para cobrar sus acreencias.
Según la promesa de la provincia, no tendría problemas con la Legislatura, pero no logró el trámite que esperaba y los pagos nunca llegaron. Ahora Cammesa espera el giro de fondos para evitar tomar una decisión de alto costo político como restringir la electricidad a una provincia, pero la decisión está tomada: si no llega el dinero, comenzarán con la «baja de carga» esta semana o a principios de la próxima. Los cortes están habilitados por la resolución 124 de la Secretaría de Energía, de 2002.
Cammesa le envió el 29 de enero pasado a la empresa chaqueña una carta documento firmada por su apoderado, Juan Carlos Trotta. Allí le advertía sobre el posible corte del suministro. Según las cifras que figuran en el documento, hasta esa fecha Secheep debía $4353 millones y la deuda seguía creciendo.
Cammesa reclamó que en cinco días corridos desde la recepción de la carta documento se cancelara la deuda. El texto concluye: «De no cumplir en tiempo y forma con la intimación efectuada en el párrafo precedente, resultarán de aplicación las medidas dispuestas por la resolución 124/2002», que habilita el corte a los deudores.
Fuente: La Nacion.
