El Gobierno modificó la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas antes de dejar el poder
Si bien recién tomó estado público en el día de hoy, la resolución 1531/19 firmada por el ministro de Defensa Oscar Aguad le pone el broche de oro a la reestructuración funcional de las fuerzas armadas que pergeñó la administración macrista, a partir de la nueva reglamentación de la ley de defensa nacional implementada a partir de los cambios introducidos al decreto 727/06 mediante los decretos número 683 y 703/18.
A partir de los nuevos organigramas, los comandos de Adiestramiento y Alistamiento de cada fuerza armada pasan a depender directamente de los subjefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Lo mismo ocurre con la inteligencia militar, el manejo del material y el bienestar de la tropa. En cada fuerza se crea un organismo específico para la ciberdefensa, algo que hasta el presente solamente estaba contemplado en la estructura del Estado Mayor Conjunto. A los jefes de Estado Mayor se les asigna control directo sobre áreas no operativas como son la Inspección General, la Secretaría General, y otras áreas administrativas.
Además, se reafirmaron como objetivos que hacen a la defensa nacional las agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina. La vida y la libertad de sus habitantes o ante cualquier forma de agresión externa que sea incompatible con la carta de las Naciones Unidas.
El extremadamente acotado marco que el llamado “decreto Garré” daba al concepto de “amenaza exterior” fue sustancialmente ampliado, pasándose de considerar que solo una agresión proveniente de un ejército regular extranjero podría habilitar el empleo de las fuerzas armadas, a un criterio mucho más amplio en el que amenazas tales como el terrorismo internacional, el narcotráfico, los ciberataques y la defensa de objetivos estratégicos para el país, son materia de competencia militar con distintos grados de involucramiento y nivel de acción que preservan el principio doctrinario de uso del poder de fuego militar en cuestiones de seguridad interior.
La reestructuración de la orgánica militar que acaba de entrar en vigor comenzó a elaborarse hace varios meses, pero recientes manifestaciones de posibles candidatos a ocupar cargos ministeriales y que apuntan a sostener por ejemplo que “El terrorismo Islámico no es un tema de preocupación para Argentina” junto a otras que refieren a un eventual retiro de las tropas del Ejército acantonadas en las zonas calientes de la frontera norte del país, encendieron las alarmas en los altos mandos castrenses que sostienen que sería una torpeza dar marcha atrás con lo mucho que se ha hecho en procura de contener buena parte de las llamadas “nuevas amenazas”.
Entre los fundamentos de la flamante normativa se destaca el concepto de las operaciones militares conjuntas y que empodera de una manera superlativa al Estado Mayor Conjunto de las FFAA, al ratificar que todas las operaciones militares en tiempo de paz serán responsabilidad del organismo superior, hoy al mando del Teniente General VGM Bari del Valle Sosa.
Consultados por Infobae, representantes de las FFAA mostraron su conformidad con los cambios implementados por Aguad y llevados adelante con el consenso de las cúpulas militares respectivas.
Resultó necesario establecer modificaciones a las estructuras de las distintas fuerzas armadas, dado que la anterior modificación realizada durante la gestión de Cristina Kirchner no resultó ser la más adecuada, quedando esto evidenciado en ocasión de producirse la tragedia del ARA “San Juan”, situación en la cual la orgánica naval demostró tener falencias que determinaron que no hubiera en la cadena de mandos una clara asignación de responsabilidades.
Dentro de la política de defensa llevada a cabo durante los cuatro años de la actual administración, los ministros de defensa Julio Martínez y Oscar Aguad, intentaron poner el valor al instrumento militar de la Nación. Si bien las limitaciones presupuestarias no permitieron cumplir con todos los anuncios lanzados en materia de reequipamiento y mejora salarial, desde lo operativo se dotó a las fuerzas de un instrumento legal fundamental para poder empeñarlas en tareas relacionadas con el apoyo a las fuerzas de seguridad en un marco de mayores garantías jurídicas.
Fuente: Infobae
