El Gobierno italiano buscará aprobar esta semana el primer Presupuesto del Ejecutivo que inició en octubre la líder ultraderechista Giorgia Meloni, con gastos previstos por 35.000 millones de euros para 2023, y centrado en desembolsos para paliar la crisis energética y en el inicio de la paulatina disminución del Ingreso Básico Universal vigente en el país.
Tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados durante la madrugada del sábado, el texto comenzará a debatirse mañana en el Senado, donde el Gobierno tiene tiempo hasta el sábado 31 para darle sanción al paquete de medidas que marcará los próximos meses de la administración Meloni.
Según el proyecto ya aprobado, 21.000 de los 35.000 millones de euros de la ley se destinarán a exenciones y bonificaciones fiscales para ayudar a las empresas y los hogares a hacer frente a la crisis energética, entre ellos el denominado «Superbonus 90%», por el que el Estado se hará cargo de nueve de cada diez euros gastados por particulares para mejorar las prestaciones energéticas de los domicilios a través de, por ejemplo, la instalación de paneles solares residenciales.
Otro de los puntos centrales de la norma, resistido por la oposición de centroizquierda, es el inicio de la paulatina desaparición del denominado «Ingreso de Ciudadanía», una suerte de Salario Básico Universal de hasta 800 euros al mes que ahora será revocado a quienes rechacen una primera oferta de trabajo, y no dos como hasta este año. Además, de aquí a siete meses el incentivo desaparecerá totalmente para quienes estén «aptos para trabajar», según la terminología del texto, mientras que los discapacitados o personas con a cargo menores o enfermos podrán seguir recibiéndolo hasta fines de 2023.
Para la discusión en el Senado, el Gobierno de Meloni volverá a pedir el «voto de confianza», un mecanismo parlamentario por el que ata su continuidad a la aprobación del texto como forma de mostrar el interés del Ejecutivo y al mismo tiempo bloquea la discusión en particular de los artículos.
Según el cronograma de trabajo difundido por el Senado, el texto podría comenzar a tratarse el jueves 29 en el recinto, luego de un paso fugaz por comisiones, para poder cumplir con el plazo constitucional de fin de año.
