La gestión de Alberto Fernández evalúa alternativas para cancelar la deportación de inmigrantes. Mientras, la Corte Suprema debe pronunciarse sobre la legalidad de la normativa.
Sin apuro, pero sin pausa, el Gobierno de Alberto Fernández estudia cambios en la política migratoria y analiza derogar el decreto 70 de necesidad y urgencia que en 2017 firmó el ex presidente Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y acelerar la expulsión de extranjeros que delinquen.
La iniciativa se da en el marco de la revisión que realizan las nuevas autoridades sobre las principales medidas adoptadas por el macrismo. Y es un reclamo concreto que, tras el recambio presidencial, organismos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de migrantes llevaron a la Casa Rosada, que se comprometió a analizarlo.
El documento que llegó al Gobierno, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y decenas de organizaciones que se reunieron a fines de diciembre, solicita que se derogue el decreto «de forma urgente», entre otras medidas «para preservar los derechos de las personas migrantes».
Bajo el título «Agenda Migrante para 2020», el texto pide que que se garantice el derecho a migrar, la «igualdad de derechos entre nacionales y migrantes», como prevé la Constitución; y que se generen las condiciones para la regularización de las personas provenientes de Estados no parte del Mercosur.
En 2017, el endurecimiento de los controles migratorios de la gestión macrista, que incluyó el DNU y otras medidas adicionales, desató la polémica y fuertes críticas al ex Presidente. Y, en la práctica se produjo un incremento sostenido en la cantidad de inmigrantes deportados de la Argentina: según el informe final de la gestión anterior, en el período 2016-2019 hubo 3 mil expulsiones, un 100 por ciento más en relación al período 2011-2015.
Esto pese a que su implementación se vio demorada en la Justicia. De hecho, ese todavía es un capítulo abierto. Es que, tras el pedido de inconstitucionalidad que hicieron el CELS, la Comisión Argentina para Refugiados e Migrantes, y el Colectivo por la Diversidad; el decreto fue avalado en primera instancia por el juez Ernesto Marinelli: pero objetado en marzo de 2018 por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Y desde abril de 2018, tras el recurso que presentó la gestión de Macri, es un tema que debe resolver la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, en simultáneo, fuentes oficiales confirmaron a este diario que el Gobierno analiza derogar el DNU. «Estamos revisando el decreto, evaluando la posibilidad de derogarlo», admitieron a Clarín. Todavía, aclaran, no hay una decisión tomada al respecto. Y tampoco se habla de plazos.
El tema, según el organigrama, está a cargo del ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, quien tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional de Migraciones, que conduce Florencia Carignano.
Las razones son similares a las que planteó el kirchnerismo desde la oposición, cuando cuestionó la iniciativa por considerar que tenía ribetes xenófobos, vulneraba el derecho de los extranjeros; e implicaba un avance en la potestad del Ejecutivo al legislar en materia penal, algo prohibido por la Constitución Nacional.
También se objetó la vía -el DNU modificó la Ley de Migraciones- que utilizó Macri, al sostener que no cumplía con las «condiciones de excepcionalidad» previstas en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución.
Entre otros puntos, el decreto establece un «Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo» que agiliza la expulsión de extranjeros que delinquen, acotando los plazos de la vía administrativa; y prohíbe el ingreso de inmigrantes con antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- «por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad».
En rigor, la decisión de Macri se dio en medio de un recrudecimiento de la inseguridad y ante casos de impacto mediático protagonizados por extranjeros. Su gestión utilizó como emblema del descontrol migratorio a la situación del narco peruano Marco Antonio Estrada González, cuyo proceso de expulsión llevaba 8 años de demora. Con todo, el decreto 70 tampoco modificó el panorama en torno al peruano «Marcos»: tres años más tarde no pudo ser deportado por recursos presentados por sus abogados.
La línea que repetían los funcionarios macristas apuntaba a diferenciar casos como el de «Marcos» al de extranjeros con «buenas intenciones»: «Vamos a ser muy amigables con los inmigrantes que vengan a la Argentina a producir y a trabajar, y muy estrictos y terminantes con que no queremos delincuentes en nuestro país», repetían.
El escenario con la nueva gestión es diferente. El Gobierno de Alberto F. analiza cambios. De hecho, en los últimos días hubo reuniones entre funcionarios interiorizados en temas migratorios con organismos de DD.HH y entidades civiles.
«Sería un grave retroceso. El decreto agilizó los plazos, que eran excesivos y garantizó los derechos de quienes vienen a trabajar», fue la primera reacción de fuentes de la gestión macrista.
«(La derogación) es una medida necesaria, reclamada por jueces de Argentina pero también por organismos del sistema de protección de Derechos Humanos», indicó Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, al ser consultado por Clarín. El letrado expuso que el DNU 70/2017 impugnado por su organismo «tiene un impacto en los proyectos de vida de los migrantes y sus familias» y remarcó que «hace una asociación entre Migración y delincuencia que es falsa».
En ese sentido, en el CELS citan el caso de Vanessa Gómez Cueva, quien nació en Perú pero llevaba más de 15 años viviendo en Argentina, donde tuvo a sus tres hijos, cuando en febrero de 2019 fue expulsada a partir de la aplicación de decreto. La mujer, de 34 años, había sido condenada a cuatro años de prisión por venta de drogas, pero tras cumplir la pena en 2014 le había dado un giro a su vida: estudió, se graduó y trabajaba como enfermera.
En el Gobierno, en tanto, mencionan un caso opuesto: el de uno de los venezolanos involucrados en el crimen del turista inglés, en diciembre, frente al Hotel Faena, Al parecer, antes del hecho la Justicia ya había definido su expulsión, pero la orden nunca se llegó a cumplir. «Fue una medida con mucho marketing pero poca coherencia», cuestionan sobre el decreto de Macri.
Con todo, hay sectores que insisten en la necesidad de trabajar en una reforma integral, que amplíe los derechos que garantiza la ley 25.871 -aprobada en 2004- y hasta puede contener algunos puntos del DNU, como por ejemplo la posibilidad de notificar electrónicamente a los extranjeros. Pero eso podría quedar para una segunda etapa. Al cabo, la prioridad número uno es la situación de la economía.
