El Gobierno desvió los pagos del Correo Argentino a sus propios funcionarios

La fiscal Gabriela Boquin denunció que el Correo Argentino, del Grupo Macri, desvió sumas millonarias –al menos 35 millones de pesos– hacia estudios jurídicos, consultoras y empresas de publicidad dirigidas o pertenecientes a personas vinculadas al actual Gobierno y al propio directorio de la empresa, provocando una “pérdida de activos” cuando lleva 17 años sin pagarle su deuda al Estado, hoy superior a 4000 millones de pesos. Lo notable, además, es que Correo es una empresa que declara desde 2003 que no tiene actividad alguna. Sin embargo, tenía misteriosos ingresos de dinero que fueron retirando, por ejemplo, el estudio del actual diputado Pablo Tonelli, el del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, y el de Jaime Kleidermacher, representante legal histórico de los Macri, entre los más conocidos. Se supone que era por asesoramiento en el contexto del expediente del concurso de acreedores. Sin embargo, hay un límite para esos pagos, que de todos modos la fiscal considera injustificados. El dictamen pide que se investigue el papel del secretario de Modernización, Andrés Ibarra, que fue director y apoderado del Correo, intervino en la designación de abogados que representan al Estado y tiene injerencia, desde su función, en el destino del caso. También cuestiona las maniobras dilatorias del procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías.

“La extensión del trámite ha posibilitado el vaciamiento progresivo de la concursada (Correo). Merced a numerosas erogaciones que van desde el pago de cifras millonarias en conceptos de honorarios profesionales por asesoramiento legal concursal hasta pagos a estudios jurídicos los cuales forman parte del propio directorio del Correo. Se agregan consultoras, empresas de publicidad vinculadas con los letrados de la concursada (…) deben agregarse otros egresos por importantes sumas, a favor, en su gran mayoría, de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados”. Esto, dice Boquin, se debe analizar a la luz de la ley de Concursos y Quiebras como si fueran giros ordinarios, pero no podían existir como tales. También se hicieron pagos por “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”, lo que viola las normas societarias.

Boquín es la fiscal que denunció a comienzos de 2017 que el acuerdo que intentó firmar el Correo de los Macri con el Estado, en junio de 2016, era “ruinoso y abusivo”, porque implicaba la condonación del 98,87 por ciento de la deuda. Se armó tal escándalo que el Estado se retractó del acuerdo a través de un planteo del ministro Oscar Aguad que dijo que había recibido “instrucciones del señor Presidente”. La empresa y el Estado, que parecen dos caras de la misma moneda en este caso, provocaron dilaciones de todo tipo y hasta ahora no se volvió a firmar un nuevo acuerdo para saldar la deuda. Boquín señala la conducta dilatorias de ambos.

Para peor, la empresa Correo reclama que le paguen a ella distintas resarcimientos por consecuencias de la expropiación de la empresa. Hay en paralelo una causa penal en trámite, que analiza las responsabilidades del entones ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y de Juan Moccoroa, el director de asuntos jurídicos que había ido a firmar el convenio ante la Cámara Comercial. También quedaron imputados los representantes de la empresa Jaime Kleidermacher y Jaime Cibils Robirosa.

Los desvíos 

La fiscal dice que algunos pagos de Correo, que se remontan a 2004 le llaman la atención por su “elevado monto” o por los vínculos entre sus integrantes y los directores de la firma. Esto consta en los libros contables de la firma. El estudio Kleidermacher recibió 9.661.585 pesos y él mismo emitió facturas por 229.416 para pagos de Correo. Uno de los miembros del estudio, Sebastián Lebenglik figura como apoderado de 19 acreedores en nombre de los cuales votó su conformidad al acuerdo cuestionado por al fiscal Boquín. El mismo patrón se repitió con Alicia Piantelli, Jorge Bondaruk y Paula Wingast, que estaban de los dos lados del mostrador: en el estudio de la deudora, votando en nombre de acreedores. En el mismo domicilio, Viamonte 1345, estaban constituidas sociedades que recibieron pagos del Correo, supuestamente inactivo: Supergol SA y Be Good SA.

El Estudio Tonelli Abogados, del actual diputado de Cambiemos facturó en dos períodos: entre febrero de 2004 y marzo de 2005 y entre abril de 2005 y mayo de 2007 facturó 3.757.647 y se libraron órdenes de pago por 4.437.984 pesos del Correo a su favor. Pablo Tonelli, Ideler Tonelli y Alejandro Tonelli tuvieron intervención como apoderados de la empresa Correo en expedientes en trámite ante el fuero contencioso administrativo. Pero también se les dio poder general administrativo e incluso de cobranza. Dos integrantes del estudio, en la misma época que trabajó en esa tarea, fueron designados directores de Correo: Pablo Sarín y Margarita Conti. El primero sigue en esa función. Conti estuvo hasta 2007. Sarín es yerno de Tonelli, está casado con Mercedes Tonelli. Según la fiscal, Tonelli en sus declaraciones juradas consignó que registra, títulos, acciones y valores no cotizables en bolsa y participación en sociedades en el país o el extranjero por la sociedad “Estudio Tonelli Abogados SH”. También parte de su equipo apoderados que votaron en nombre de 55 acreedores.

Por el estudio Cibils & Castro Cranwell, el abogado Jaime Cibils Robirosa aparece como beneficiario de anticipo de honorarios por 722.515 pesos. Cibils es el actual presidente de Correo Argentino, su socio Sebastián Castro Cranwell es director suplente y miembros de su estudio formaron parte del directorio. También figuran en el directorio de la empresa Socma y Sideco Americana, controlantes del Correo. En el año 2005 integró también el directorio Andrés Ibarra, actual secretario de Modernización. Otro es Carlos Lelio, designado en 2016 subsecretario de relaciones laborales y fortalecimiento del servicio civil del Ministerio de Modernización.

La ley de concursos pone topes a los pagos por, por ejemplo, asesoramiento concursal. No se podría cobrar más del 4 por ciento del activo, que a la vez se divide entre los síndicos. Pero Correo, en teoría, no tenía activos. Para poder cobrar lo que cobraron debía tener un activo de 3.500.000.000 de pesos.

Otro de los estudios que aparecen contratados por Correo es Romero Zapiola  & Clusellas.  Pablo Clusellas, hoy secretario Legal y Técnico de Mauricio Macri, Matías Zapiola y Enrique Monpelat, fueron apoderados del Correo desde 1999, hasta 2007. Obtuvo pagos por casi 150 mil pesos.

Boquín señala como injustificados pagos por 6.994.660 pesos a favor de un grupo de empresas que a su vez estaban vinculados con apoderados, abogados y directores de Correo. Ligadas a Kleidermacher señala a Supergol, Be Good, Optimedia y Consutora Capurro. En algunas tiene participación societaria, en otras registran su domicilia en el estudio del letrado en cuestión.

“Resulta especialmente llamativo el alto monto abonado, pues teniendo en cuenta el objeto social de tales empresas ligado esencialmente a servicios de consultoría y de publicidad, no se explica cuál habría sido la actividad concreta que llevaron adelante para la concursada, actuando ésta estaba sin actividad desde el 19 de noviembre de 2003”, dice el dictamen.

Es decir, miembros del directorio de Correo, una empresa inactiva, cobraron dinero de ella durante la etapa concursal por supuestos servicios de otras empresas vinculadas a ellos. También algunos figuran como apoderados de acreedores, en nombre de los cuales votaron a la hora de aprobar el acuerdo “ruinoso” para el supuesto pago de la deuda. De los 708 acreedores, 375 prestaron conformidad en 2016, pero según Boquín 360 de esos votos están viciados por conflictos de interés.

La fiscal pidió que sea investigado el papel de Ibarra, secretario de Modernización –repartición que hoy tiene los créditos del Estado en el caso del Correo– que fue director suplente, director titular y apoderado del Correo y miembro del directorio de empresas del mismo grupo. A él y otros posibles funcionarios salpicados pide que los investigue la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.