La muerte de dos niñas argentinas de 11 años durante un ataque esta semana de tropas regulares de Paraguay a un campamento de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) puso en tela de juicio la política de seguridad de ese país y derivó en una fuerte acusación del comando militar contra Argentina, que respondió con una protesta formal.
En un comunicado, la Cancillería argentina identificó a las dos niñas fallecidas como ciudadanas nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, ambas de 11 de años.
«Se mantienen contactos con las autoridades paraguayas a efectos de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los decesos (…) se considera incorrecto hacer apreciaciones prematuras», explicó el Palacio de San Martín.
Además, alertó: «No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas.»
Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, líder del EPP, había asegurado que las dos nenas habían nacido en Argentina y son hijas de Magna Meza y Liliana Villalba, respectivamente, y ambas de Osvaldo Villalba, todos ellos líderes del grupo insurgente.
«Fueron criadas como hermanas en la Argentina, con su abuela en Misiones, Argentina. Son nenas bien educadas, buenas estudiantes, jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla, no saben andar en el monte; nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres, ellas vivían en Argentina con su abuela”, dijo Oviedo al diario argentino El Territorio, citado por el medio paraguayo Ultima Hora.
Sin embargo, el general Héctor Grau, asesor del Comando en Jefe paraguayo, aseguró que los documentos argentinos que se publicaron hoy en la prensa paraguaya y que fueron verificados por la Cancillería argentina son falsos y aseguró que las menores fueron registradas de forma irregular en el territorio vecino.
“Lógicamente que Magna Meza y Osvaldo Villalba están en la clandestinidad, ellas –las fallecidas– nacieron así y lógicamente migraron con los tíos y familiares, donde obtuvieron documentos que tienen origen en la falsedad de datos, fueron inscritas de forma irregular en la República Argentina”, aseguró Grau en contacto con la radio Monumental 1080 AM.
El general además definió a la Argentina como una «guardería» del EPP en su esquema de reclutamiento de menores.
La Cancillería argentina «rechazó de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del General Héctor Grau», a la vez que negó ser la «guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo, así como toda otra manifestación que busque encubrir responsabilidades».
«El Gobierno argentino ya ha protestado formalmente ante las autoridades paraguayas por esta absurda acusación y confiamos contar con la colaboración del gobierno paraguayo para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades», agregó el comunicado.
Horas antes, el embajador argentino, Domingo Peppo, había reaccionado con sorpresa ante las declaraciones del jefe castrense paraguayo.
“Estoy sorprendido, sí, y desmiento que esto sea cierto; el Estado argentino no es cómplice, ni alienta el accionar de grupos criminales”, dijo el diplomático.
«Tenemos una lucha conjunta contra el crimen organizado, contra el terrorismo; tenemos una agenda y un compromiso de trabajo que estamos llevando a cabo”, destacó Peppo.
En este marco, el Gobierno de Paraguay aseguró que el operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) contra un campamento del EPP ubicado en Yby Yaú, en el norte del país, fue un «éxito», a la vez que responsabilizó a la organización insurgente por la muerte de las infantes, que fueron expuestas «de manera cobarde».
El miércoles se había informado que en ese enfrentamiento fallecieron dos niñas y un número indeterminado de miembros de ese grupo.
«Yo tengo hijos adolescentes, niños, y ver que fruto de la violencia, las víctimas son niños expuestos de manera cobarde e irresponsable es un dolor que como ser humano y como padre uno siente en el corazón, es doloroso; ya tuve muchos días difíciles», expresó el presidente Mario Abdo Benítez al visitar el campamento del EPP, tras el operativo.
Hoy, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia «lamentó profundamente el desenlace fatal» que tuvo el enfrentamiento y «condenó y repudió enérgicamente el reclutamiento forzoso y la utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales armados», según un comunicado publicado en sus redes sociales.
Sin embargo, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó hoy que el enfrentamiento informado por el Gobierno presenta características inquietantes de un crimen de Estado.
“Además de lo criminal del operativo, resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes de que sean identificados y entregados a sus familiares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso”, denunció el comunicado.
Para la Codehupy, el tono triunfalista con el que el Gobierno informó lo sucedido está más cerca de ser caracterizado como un acto de terrorismo de Estado que un logro en materia de seguridad.
“Es de por sí incompatible con todo principio de derechos humanos”, advirtió la organización, que exigió esclarecer el hecho y abrir nuevamente el debate sobre la modificación de Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, al igual que el decreto respectivo que instituye a las Fuerzas de Tarea Conjunta y permite el actuar de los militares en la seguridad interior.
Fuente Telam.
