El Gobierno creó la agencia de protección de testigos e imputados
A través de un decreto de urgencia, el programa será un organismo autárquico.
Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno nacional creó la Agencia Nacional de Protección de testigos e Imputados, un organismo autárquico que estará a cargo del presidente de la Cámara de Casación e integrado por el procurador general de la Nación y el secretario de Seguridad.
La intención es que cuando asuma el nuevo presidente el antiguo Programa de Protección de Testigos e Imputados, que vela por la seguridad de los arrepentidos que declararon contra el kirchnerismo, entre otros, no quede bajo el control del nuevo gobierno.
Actualmente se encuentran bajo el programa unas 200 personas, la mayoría de ellas testigos protegidos y arrepentidos en casos de narcotráfico y secuestro extorsivo. Son personas de baja exposición y no presentaron mayores problemas.
Los nombres más conocidos en el programa son los exfuncionarios kirchneristas «arrepentidos» que con sus declaraciones terminaron sumando pruebas para llevar a juicio a Cristina Kirchner y Julio De Vido, y condenar a Amado Boudou.
Ellos son: José López, exsecretario de Obras Públicas condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares; Alejandro Vandenbroele, quien confesó haber actuado como testaferro de Amado Boudou para quedarse con la imprenta Ciccone, y su exesposa, Laura Muñoz, quien aportó pruebas como testigo para descubrir el rol de su exmarido.
Ellos siguen en el programa, pero preocupados por su futuro. Quien se retiró del plan de protección es Leonardo Fariña, el aprendiz de contador que asesoró a Lázaro Báez con sus finanzas y luego terminó declarando como arrepentido en las causas en las que está siendo juzgado por lavado de dinero y por beneficiarse de la obra pública.
Hasta ahora el Programa de Protección de Testigos e Imputados dependía del Ministerio de Justicia y ahora será un organismo externo, con intervención judicial y de la Procuración.
Según el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Mauricio Macri, la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados tiene «carácter de ente autárquico» y estará «dotado de autonomía funcional».
El Consejo Consultivo de la agencia estará presidido por el presidente de la Cámara de Casación, que fue invitado a integrarlo, al igual que el procurador y el secretario de Seguridad.
