El Gobierno cerró la investigación sobre la cartelización de la obra pública
Tras cinco años, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo que depende del Ministerio de Economía, archivó su investigación por la presunta cartelización de la obra pública. No encontró evidencias contundentes de una colusión entre las empresas, aunque emitió recomendaciones “pro competitivas” que deberá instrumentar una cámara clave del sector, según consta en las copias del dictamen y de la resolución.
La investigación de la CNDC comenzó en 2018, en las semanas que siguieron al inicio de la pesquisa penal conocida como la “causa Cuadernos”, que expuso un entramado de corrupción que involucró a la cúspide del kirchnerismo y empresarios, con decenas de arrepentidos y detenidos que deberán afrontar un juicio oral.
El expediente administrativo de la CNDC apuntó a un eje distinto del penal. Buscó determinar si, además del presunto pago de sobornos, aportes ilegales de campaña y el trasiego de bolsos repletos de dinero que reconocieron decenas de involucrados en los tribunales de Comodoro Py, las empresas también se habían cartelizado para simular que competían por los contratos de obra pública. Pero no pudo probarlo.
“Esta CNDC entiende que los indicios que se observan [en el sector de la obra pública] van en sentido opuesto a la probabilidad de formación y sostenimiento de un acuerdo de reparto de licitaciones”, concluyeron los vocales Guillermo Pérez Vacchini, Balbina Griffa Díaz y Pablo Lepere, el 30 de junio pasado, lo que refrendó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el 19 de agosto último, es decir, el sábado posterior a las PASO.
Desde la Comisión negaron una motivación política o electoral en la decisión. Indicaron que adoptaron la decisión al filo de la prescripción –fijada en cinco años–, y tras analizar las pruebas recolectadas en el expediente, que incluyeron las declaraciones como arrepentidos del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, del financista Ernesto Clarens –que aportó planillas–, y las testimoniales del extitular de la Dirección de Vialidad durante el macrismo Javier Iguacel, y dos periodistas de LA NACION, entre otras.
Wagner, quien presidió la Cámara entre 2004 y 2012 y es dueño de dos constructoras, Esuco y Decavial, se acogió al régimen del “arrepentido” en la causa “Cuadernos” y relató cómo al menos una docena de empresarios se repartía los contratos: “Se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenía tratando de priorizar aquellas que menos volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”.
En la misma línea, Clarens confesó en los tribunales cómo funcionaba el mecanismo colusorio desde que se lanzaba la licitación para una obra pública hasta que se cobraban los sobornos; en particular a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como “la Camarita”, la hermana “menor” de la Cámara de la Construcción
“Lo primero que se hacía era ‘cobrarse el pase’, es decir, que si alguno de los que estaba sentado en esa mesa le había dado el pase a otra empresa en una licitación anterior, le pedía a esa empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra”, detalló Clarens ante la Justicia, y acompañó planillas demostrativas de sus dichos. “Después jugaba su posición en el ranking, hasta que ese grupo de personas reunidas se achicaba, y quedaban, a modo de ejemplo, cuatro empresas, ahí volvían a surgir los pases, hasta que surgía el ganador”, precisó. Luego se definía el precio a ofertar y el pago de sobornos. “Posteriormente a la obra podían existir adicionales sobre los que también había una coima”, abundó.
Iguacel ahondó en la misma senda al declarar ante la CNDC. “Las licitaciones venían predigitadas con quién se iban a realizar o se ponían de acuerdo quién la ganaba. Las empresas se juntaban en la ‘Camarita’ para repartirse las obras, y en un tablero iban poniendo los valores de volúmenes de obras asignados y a partir de eso peleaban para mantener cada uno su volumen de obra”, sostuvo, aunque luego marcó una línea. “Eso no lo puedo comprobar porque jamás participé, pero era vox populi interno en Vialidad Nacional”.
La CNDC también requirió información al entonces juez federal Claudio Bonadio, a la Fiscalía de Carlos Stornelli, a la Oficina Anticorrupción, a Vialidad y a la Inspección General de Justicia –los tres primeros no respondieron o rechazaron responder sus requisitorias–, corrió traslado a todas las empresas y tomó otras medidas de prueba. Hasta que concluyó que no podía probar la cartelización, ni verificar los dichos de Wagner, Clarens e Iguacel.
Así, por ejemplo, la Comisión entendió que no podían extraerse conclusiones comprometedoras de los e-mails que habían cruzado Wagner y empresarios como Gabriel Losi, Juan Chediack, Aldo Roggio, Gustavo Weiss y Jorge Terminiello. En esos correos, según la CNDC, sí quedó en evidencia “la existencia de un trato frecuente entre empresas competidoras. Mencionan que ‘aguardan los comentarios de la Mesa para ver cómo seguir’. También se hace referencia a un ofrecimiento a algunas empresas- del que no hay mayores precisiones con relación al que hay 12 confirmadas; refieren que quedan ocho lugares y que faltan contestar más de 25 empresas. [Pero] Esas comunicaciones por sí solas no explican la existencia del acuerdo colusorio que se investiga en las actuaciones”, estimó.
“No accedimos a una prueba directa o contundente de cartelización, como la que exige la Justicia, como si la logramos en sectores que luego sancionamos como el del cemento, de la harina o la provisión de oxígeno hospitalario, ni la colusión tampoco surgió del análisis económico y de estructura del mercado que desarrollamos”, indicó una alta fuente de la CNDC a LA NACION. “No observamos un patrón claro de reparto de obras, aunque sí decidimos exigir a la Cámara de Empresas Viales que monte un programa de integridad”.
Para la CNDC es la segunda vez en menos de veinte años que no logra avanzar sobre el sector. En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, denunció la cartelización de la obra pública y la Comisión abrió una investigación de mercado, pero concluyó luego que no surgían “elementos objetivos que permitan considerar la existencia de procesos de cartelización de las empresas constructoras en las licitaciones públicas analizadas”. Para entonces, Lavagna ya le había dado un portazo al gobierno de Néstor Kirchner.
