“El fallo de la Corte Suprema de Justicia viola el artículo uno de la Constitución Nacional”

“Esta desigualdad es intolerable. Basta de atropellos”, sentenció y le solicitó al Presidente de la Nación “desconocer este fallo”.

Tras la difusión de la sentencia sobre los fondos coparticipables que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, el gobernador Jorge Capitanich calificó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación viola el artículo uno de la Constitución Nacional. A través de su cuenta de Twitter y en un hilo de tuits, el mandatario chaqueño aseguró que la CSJ “ha provocado un conflicto de poderes y la arbitrariedad manifiesta junto a la discrecionalidad requiere la adopción de decisiones claras e indubitables”, al tiempo que indicó que “esta desigualdad es intolerable” y concluyó: “Basta de atropellos. Debemos mendigar las cosas que nos faltan mientras otros presumen de cosas que les sobran”.

En esta línea, el titular del Ejecutivo provincial recordó que la ley 23548 de coparticipación federal de impuestos y sus modificatorias vigente a partir del 1 de enero de 1988 en su artículo cuarto, cuando se refiere a la distribución secundaria, “no incluye a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ni tampoco al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, luego devenida en provincia argentina por ley del Congreso”. “ Lo que establece el artículo 8° de la ley 23548 es que la Nación de la parte que le corresponde, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987. El 1 de octubre de 1996 se dicta la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución Nacional reformada en 1994 y el Poder Ejecutivo que yo integraba dicta el decreto 692 del 26 de abril de 2002 para proveer la transferencia automática y diaria de recursos en el marco de lo estipulado por el artículo 8° de la ley 23548. Finalmente, se suscribe un acta complementaria entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuya cláusula primera se establece un coeficiente de participación equivalente al 1,40% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la ley 23548 y sus modificaciones, y a partir de este acta, se dicta el decreto 705/2003 publicado el 27 de marzo de 2003 en donde se deroga el decreto 692/2002 y se ratifica el coeficiente de distribución del 1,40 %”, agregó como contexto.

A su vez, mencionó que la ley 23548 ha tenido desde el año 1988 sucesivas modificaciones a través de pactos fiscales en 1992, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2017, 2018, 2019 y 2020. “Pero el hecho de mayor gravedad institucional lo provocó Macri como Presidente de la República a través del Decreto 194/2016 en donde eleva el coeficiente del 1,4 % al 3,75 % sin justificativo alguno. Luego se corrige a través del Decreto 399/16 que fundamenta la decisión ´para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó Capitanich.

Y concluyó al respecto: “Posteriormente el Decreto 257/2018 estableció una reducción de la alícuota al 3,5%y mediante el decreto 735/2020 el coeficiente se fijará en 2,32 % hasta la transferencia por ley del Congreso de la Nación conforme al artículo 75 inciso 2 párrafo 5. Finalmente, el Congreso de la Nación sanciona la ley 27606 el convenio de transferencia progresiva a la CABA de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no ejercidas en la misma”.

“El Presidente debe desconocer este fallo”

Luego, en contacto con C5N, el gobernador también le pidió al Presidente de la Nación que “desconozca este fallo” y adelantó que no podrá concurrir este jueves 22 a la convocatoria realizada por Alberto Fernández.

A su vez, en el hilo de tuits, Capitanich indicó que mediante este fallo de la Corte Suprema de Justicia, “varias veces anunciado por periodistas y medios de comunicación afines al gobierno de la Ciudad”, fija el coeficiente en 2,95 % haciendo lugar a una medida cautelar y desconociendo los dictámenes del Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos, máximo órgano de representación de las jurisdicciones creado por el artículo 10 de la ley 23548.

“Las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires en el año 2016 deberían haber ascendido a 10351 millones de pesos y fueron 27752 millones de pesos, más del doble del costo efectivo de los servicios de seguridad pública. Las transferencias en exceso a precios de 2023 superan los 730.000 millones de pesos en forma acumulativa, desde 2016 hasta 2020, lo cual implica transferir a la jurisdicción más rica del país más recursos. Para el año 2023, estas transferencias en exceso ascenderían con este fallo a otros 180.000 millones de pesos”, precisó.

En la misma línea, aseguró que “no es cierto que no se perjudique a las provincias argentinas o que ocasione daño al federalismo por una sencilla razón: son menos recursos para obras o políticas redistributivas”. “Todos coincidimos en que la República Argentina es profundamente desigual desde el punto de vista funcional y espacial del ingreso. En el 0,01 % de la superficie se concentra el 37/40% de la población, pero lo más grave, alrededor de Buenos Aires se concentra el 57 % del empleo formal de la Argentina. Esta desigualdad es intolerable!”, sentenció.

“El poder económico construye poder mediático concentrado y coopta al poder judicial como factor de poder discrecional. Ya lo hicieron con el Consejo de la Magistratura. Ahora lo hacen vulnerando el federalismo. El Presidente de la Nación debe desconocer este fallo pues objetivamente es una atribución constitucional del artículo 99, y no depende de una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional”, insistió el mandatario chaqueño.

Y cerró: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha provocado un conflicto de poderes y la arbitrariedad manifiesta junto a la discrecionalidad requiere la adopción de decisiones claras e indubitables. Del mismo modo que nosotros nos sometemos a elecciones periódicas y al escrutinio público permanente, frente a la destrucción del federalismo es hora que mediante un juicio político los jueces rindan cuentan de sus actos para que nunca más se vulneren principios esenciales que la misma constitución fija”.

“Basta de atropellos! Debemos mendigar las cosas que nos faltan mientras otros presumen de cosas que les sobran!”, concluyó.