El Estado solicitó quedarse con bienes valuados en 800 millones de pesos secuestrados a banda narco
El Estado nacional inició una demanda civil para que se aplique por primera vez la extinción de dominio sobre 190 bienes, valuados en unos 800 millones de pesos, secuestrados a la banda narcocriminal conocida como «Clan Loza», desbaratada al cabo de una investigación realizada en Argentina y España, se informó hoy oficialmente.
La demanda, encabezada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, alcanza a bienes secuestrados en 73 allanamientos, entre ellos vehículos de alta gama, propiedades, joyas y dinero en efectivo.
«Estamos muy contentos de que haya salido la primera demanda de extinción de dominio», afirmó esta mañana la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien aseguró que el Gobierno está «muy orgulloso de haberle sacado el título de propiedad a estos mafiosos y narcotraficantes».
Para encabezar esta acción legal, el procurador general Eduardo Casal designó a un equipo conformado por el fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); el fiscal Penal Económico 1, Pablo Turano; y al fiscal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 6, Miguel Ángel Gilligan.
La demanda recayó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal 10, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, y es la primera desde la entrada en vigencia del régimen de extinción de dominio.
Si bien el Clan Loza comenzó a ser investigado en 2011, la causa que actualmente se tramita en el fuero Penal Económico se inició en noviembre de 2017, cuando dos personas fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al intentar ingresar con 365.800 euros distribuidos en los doble fondos de tres valijas que habían despachado en un vuelo que provenía de Madrid.
En la pesquisa se estableció que ese dinero estaba relacionado con esa organización narcocriminal transnacional investigada conjuntamente por la Argentina, España e Italia.
La organización, según se estableció, comercializaba droga que obtenía en Bolivia y Perú, que ingresaba a la Argentina y luego era enviada a España, donde se vendía en distintas ciudades de ese país y en Italia, Irlanda e Inglaterra.
La asociación criminal tuvo como principal actividad el tráfico de estupefacientes, el contrabando de divisas desde Europa al territorio nacional y el manejo de los fondos producidos a los fines de mantener su estructura, indicaron las fuentes.
En diciembre pasado, el juez en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola, procesó con prisión preventiva de doce de los acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y contrabando de divisas y les trabó embargos por 7.400 millones de pesos.
La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, que avaló que los imputados adquirieron a su nombre o por medio de distintas sociedades integradas por ellos una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles sin haber tenido ingresos lícitos por trabajos o negocios realizados con anterioridad.
A partir de eso, el MPF considera que el estado actual de la causa penal permite sostener la existencia de delitos comprendidos en la categoría de criminalidad económica que dieron origen a cantidades ingentes de dinero que fue invertido, directa y/o indirectamente, en los activos que conforman el objeto de la extinción de dominio requerida.
Según la información publicada por el MPF en su sitio web, los bienes enumerados en la demanda son más de 45 inmuebles -distribuidos entre Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Salta y Mar del Plata-, más de treinta vehículos de alta gama -entre ellos tres modelos Ferrari-, motos, joyas y dinero en efectivo.
Actualmente en España es juzgado un grupo de integrantes de la organización -entre ellos José Gonzalo Loza, uno de sus sindicados líderes- por hechos de narcotráfico, luego del hallazgo de 1.200 kilos de cocaína en la ciudad de Granada.
Otros de los sindicados cabecillas son su hermano Erwin Raúl Loza y Gonzalo Daniel Loza, todos oriundos de la provincia de Salta y detenidos en diciembre último en el denominado «Operativo Cambalache».
Los primeros antecedentes de los Loza datan de los 90′ mientras que los pesquisas los vincularon luego con el narco boliviano Reynaldo Delfín Castedo, quien -según quedó establecido en un juicio oral realizado en Chaco- gestionó y proveyó los estupefacientes secuestrados en las causas conocidas públicamente como «Carbón Blanco I y II», las mayores investigaciones sobre drogas realizadas en el país.
Télam.
