El Ente Nacional de Comunicaciones anunció que espera recaudar US$ 1.050 millones en la subasta de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G, que se realizará el 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (CCK).
La confirmación de la fecha de la subasta y de los recursos que generará para el Estado nacional ocurre a horas de la apertura del mercado financiero después de una jornada de alta tensión cambiaria.
Además el martes se radicó una denuncia en los tribunales federales contra el candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei, por sus dichos contra el Peso y los plazos fijos en la moneda nacional.
«El próximo martes 24 de octubre, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), concretará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar alrededor de 1.050 millones de dólares», difundió el organismo.
Las tres empresas de servicios de comunicaciones móviles con red propia (Claro, Movistar y Telecom) participarán de la subasta después de haber presentado las garantías de ofertas y ya fueron precalificadas como oferentes.
El procedimiento licitatorio y «el valor base» de los lotes de frecuencia a subastar «se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico», indicaron desde el Enacom.
El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria, que se utilizarán para comunicaciones con tecnología 5G.
En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno, precisaron desde el Enacom.
El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que «requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios», indicó el organismo.
