El Ejecutivo nacional identificó a los manifestantes que marcharon la semana pasada a Casa Rosada
El Gobierno ha decidido no retirar los subsidios sociales a la mayoría de los manifestantes que se congregaron la semana pasada frente a la Casa Rosada. La política delineada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, se centra en la retirada de la asistencia social solo a aquellos beneficiarios que no respeten el derecho a la libre circulación.
De acuerdo a lo informado por el medio TN, la decisión tiene que ver con los manifestantes que caminaron por la vereda, de forma que no rompieron con el protocolo.
En este sentido, el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, identificó solo a 35 infractores, según el último informe de la operación, lo que representa un número reducido en comparación con los casi 3000 manifestantes identificados por el Gobierno en la marcha organizada por el Polo Obrero bajo el liderazgo de Eduardo Belliboni.
No obstante, el Ejecutivo nacional impondrá a los manifestantes el costo del despliegue de seguridad llevado a cabo por las fuerzas policiales y federales en la Casa Rosada y sus alrededores en la Ciudad de Buenos Aires.
El monto total del operativo, incluyendo la nafta y el promedio de horas por hombre, asciende a $60.000.000, y el Ministerio de Seguridad emitirá la factura a las organizaciones sociales identificadas en el evento, entre las cuales se encuentran el Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.
En relación con la línea 134, establecida por el Gobierno para denuncias de extorsión relacionadas con la retirada de planes por intermediarios, la cartera que dirige Patricia Bullrich ha registrado 15.900 llamadas. De estas, se han separado 1100 denuncias, de las cuales se han clasificado 214 planillas de comunicaciones presentadas en los Tribunales Federales.
Las acusaciones son por delitos de extorsión y defraudación al Estado en el manejo de planes sociales, están siendo investigadas en el Juzgado de Sebastián Casanello y la Fiscalía del Gerardo Pollicita. Desde Seguridad confirmaron que se han identificado 32 personas denunciadas como presuntos autores de los delitos mencionados.
