Darío Nieto, el secretario privado de Mauricio Macri, tiene en su teléfono celular una completa biografía política, obviamente crítica, del presidente, Alberto Fernández. También hizo de puente con diputados que lo mantenían al tanto de las operaciones. «La mejor solución es apretar un poco al juez», le recomiendan.
Además, en una anotación sobre la situación de la empresa Vicentin, habla de un diálogo con un diputado que sostiene que “la mejor solución es apretar un poco al juez”. Se desprende de allí que fue el propio Macri quien dinamitó una solución en ciernes, acaso la que resultaba menos traumática para los pequeños productores que trabajan con la cerealera.
Como diría León Gieco, “todo está guardado en la memoria”, pese a que Nieto intentó borrarlo.
En el capítulo Vicentin se destaca un documento titulado “Domingo Amaya”, el diputado tucumano del PRO. Pero el texto comienza mencionando a su colega bonaerense Juan Aicega. En primera persona, como si fuera una autorreferencia del propio Nieto, el texto dice: “Hablé”. Y añade textualmente: “Dice que la mejor solución que ve es apretar un poco al juez para no llegar a la expropiación y que resuelva antes con esta gerencia de cooperativas que podría ser temporal”.
El documento está fechado el 17 de junio de 2020, un día después de que un grupo de legisladores, entre ellos Aicega y Amaya, presentara una iniciativa de rescate sin expropiación de Vicentin.
Nieto parece preparar una respuesta para Macri. Refiriéndose a Aicega: “Dice que siempre te va a bancar”, subraya. Y pasa lista sobre la conducta de otros diputados: “Marcelo Orrego es aliado, de San Juan; Felipe Álvarez es aliado, no PRO; Martín Grande, Gabriel Frizza de Córdoba, es Massot puro; Federico Frigerio; José Luis Patiño es de Patricia B (Bullrich) ya hablé con ella que ya había hablado con él, firmó el proyecto sin darse cuenta de la interna; Francisco Sánchez de Neuquén”.
Nieto parece el encargado del “poroteo” de lealtades a Macri. Eso queda reflejado cuando habla del diputado sanjuanino Eduardo Cáceres: “Me dijo que firmó porque le dijeron que Cristian R (parece aludir a Ritondo) no tenía problema y que era una forma de acorralar al Ejecutivo. Me dijo que su único norte sos vos, que no sabía que era para mal”.
O sobre el bonaerense Sebastián García De Luca: “Me llamó cuando se enteró que había hablado con algunos, me dijo que no pensemos mal, que no quieren acordar, que van a rechazar cualquier DNU o ley que tenga que ver con expropiación, que es sólo un proyecto de declaración que no va a tener incidencia, sirve para mostrarse propositivos y también da una opción a algunos peronistas de Córdoba y Santa Fe que no quieren votar la expropiación”.
En cuanto a esa suerte de biografía de Alberto Fernández, el documento encontrado lo vincula con supuestos hechos de corrupción del pasado e incluso asocia, aunque sin una vinculación directa, dos muertes. El texto tiene mucho de “copy & paste”, pero también opinión propia y chequeo de datos. Parece un informe de inteligencia, según la singular concepción de “inteligencia” que demostró el gobierno de Cambiemos.
Los mensajes extraídos del celular de Nieto mediante un procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en la causa por espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora muestran mucho más que a un asistente que lleva y trae papeles. Se atreve a sugerirle a Macri argumentos políticos, líneas de acción, le aporta información e incluso articula contactos con otros referentes.
La recuperación de esos documentos (hay muchos más) fue posible gracias a la utilización del programa UFED, que en su versión básica tiene un costo anual de mantenimiento de 8000 dólares. La versión Premium, a la se recurrió para rescatar parte de lo borrado, cada vez que es utilizada cuesta 5500 dólares. Tal es el grado de sofisticación de la encriptación de los mensajes del aparato del secretario de Macri.
El extenso documento con la historia de Alberto Fernández describe “antecedentes de robo en la Superintendencia de Seguros con Claudio Moroni, ahora Ministro de Trabajo”, y menciona la “existencia de un libro de Roberto Guzmán (Saqueo asegurado) en el que acusa a Fernández, y de un periodista de Página/12, Julio Nudler, que lo denunciaba ahí. Guzmán murió en 2004 y Nudler en 2005”.
El documento subraya: “Fernández fue superintendente de seguros con Menem, desde el ’89 hasta el ’95 y su número 2 era Moroni, quien pasó a ser el superintendente desde el ’95 hasta el ’98, y luego volvió a esa función en 2002 al 2004”.
El reporte recoge párrafos de un artículo publicado por el diario Perfil el 30 de octubre de 2019, firmado por el periodista Fermín Filloy: “La denuncia que vinculó a Alberto Fernández con un caso de corrupción menemista”. Y consigna un link sobre el tema del portal Noticiasyprotagonistas.com.
“Tanto la existencia del libro de Guzmán como la denuncia de este periodista en Página/12 es cierta (sic). Y también se realizó una denuncia en la justicia, pero que no mencionaba a Fernández explícitamente”.
Además, consigna que “fue funcionario de Alfonsín como director de asuntos jurídicos de Juan Sourrouille en el Ministerio de Economía”. Y corrobora: “correcto, primero fue director de sumarios y luego subdirector general de asuntos jurídicos en ese ministerio”.
La descripción señala que “fue administrador de la fraudulenta organización de Eduardo Varela Cid, que tuvo que irse del país”. Que “ha sido diputado de Cavallo con Elena Cruz que defendía a Videla y el Coronel García Moreno, que tiene 15 muertos y 15 desaparecidos. Iba en la lista con él”.
Fuente: tiempoar.com.ar
