El 58,6% de los niños de la Argentina quedará sumergido en la pobreza una vez que termine la pandemia, estimó la ONU

La oficina de Naciones Unidas en la Argentina emitió hoy un duro informe sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el país y su proyección en el futuro inmediato donde advierte un incremento de la pobreza infantil, una fuerte profundización de las desigualdades, mayor impacto del virus en los barrios vulnerables, el incremento de la violencia de género en medio de la cuarentena y un duro golpe en el ingreso de los argentinos.

El informe “COVID-19 en Argentina: impacto socioeconómico y ambiental” fue presentado en una videoconferencia por los representantes de la ONU, la OIT y la OMS en Buenos Aires y refleja un preocupante diagnóstico sobre la situación actual de la pandemia en el país pero también una proyección oscura en el futuro inmediato, con la economía como uno de los principales sectores afectados.

“El informe que presentamos arroja una imagen alarmante y preocupante por el avance del COVID-19. A una Argentina que ya estaba afectada por crisis socioeconómica, la pandemia afectará de manera dramática a millones de argentinos y ello traerá mayor pobreza”, dijo Roberto Valent, representante de la ONU en Buenos Aires al difundir el documento.

En tanto, la doctora Maureen Birmingham, representante de la OMS en la Argentina destacó que “Argentina encaró la pandemia con medidas rápidas para asegurar la protección social y con transparencia. Esto permitió aplanar la curva de COVID-19 al principio y preparar el sistema de salud. Pero –alertó- sabemos por experiencia que si se relajan las restricciones el virus sigue presente y puede volver en un disparo descontrolado”

Según el documento de 88 páginas que elaboró la ONU y al que accedió Infobae, las siguientes serán las principales consecuencias en la Argentina:

Pobreza infantil. El informe señala que en el segundo semestre de 2019 la pobreza afectaba al 53% de los/las niños/as, y alertó que tras la pandemia podría escalar al 58,6%, hacia fines de 2020. Los datos son proyecciones basadas en estimaciones de la caída del PBI y de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En términos de volúmenes de población, ese incremento proyectado implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,76 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones.

Situación en barrios vulnerables. El análisis realizado por la ONU en Argentina muestra fuertes desigualdades. Advierte que la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niños/as que viven en barrios vulnerables. “La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad”, dice el informe.

Así, remarca que el Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.

A tres meses del primer caso de COVID-19 en Argentina, la ONU alertó que 2 de cada 10 contagiados registrados en Buenos Aires vive en asentamientos precarios. Asimismo, señala que la economía de quienes viven en las villas se ve paralizada debido a las restricciones sobre la actividad impuestas por la cuarentena.

Datos previos a la crisis de la pandemia enseñan que más del 85% de las/los trabajadoras/es de los barrios populares son empleados/as informales, eventuales o independientes, que en la mayoría de los casos viven al día y fuera de toda red de protección laboral ante shocks como la crisis sanitaria. Ahora solo el 12% de esta población percibe ingresos de un subsidio estatal, siendo la mayoría mujeres (el 62% Salario Social Complementario y el 74% Hacemos Futuro). El 31% de las mujeres y el 73% de los hombres tienen un trabajo con ingresos, números que bajan drásticamente en trabajos registrados, con el 10% y el 24%, respectivamente.

Los sectores más afectados. Ante las medidas de aislamiento social que impuso el Gobierno para contener la pandemia y reforzar la capacidad del sector de la salud, la ONU señaló que los sectores que se vieron más afectados por la parálisis económica fueron los industriales de productos “no esenciales”; el comercio de productos “no esenciales”; la construcción; las/los trabajadoras/es de casas particulares; la provisión general de servicios sociales; los hoteles y restaurantes; las actividades inmobiliarias y el transporte de media y larga distancia.

Caída de ingresos. En una de las encuestas que hizo la ONU sobre los efectos de la pandemia en la Argentina el informe revela que en el contexto del aislamiento social, la principal causa asociada con la disminución de ingresos está relacionada con el tipo de actividad económica (venta ambulante, trabajo por cuenta propia de plomería, albañilería, electricidad, changarín) y la imposibilidad de salir a trabajar (56%); seguida por la suspensión temporal (18%); la disminución en el nivel de ventas, pedidos o clientes (15%); la reducción de horas trabajadas (12%); la reducción de salario (8%), entre otras con menor incidencia.

Esto se ve reflejado en que, por ejemplo, en aquellos hogares sin presencia de asalariados, donde el 72% sufrió una reducción de sus ingresos. Además, el 7,2% de los hogares declara que se ha perdido al menos un empleo: en 400.000 hogares una persona ha perdido su empleo. Esta cifra llega al 10% en la zona del NEA. También el informe revela en este aspecto que ante la disminución de ingresos, algunos hogares (39%) han tenido que dejar de pagar algún servicio, principalmente luz, gas, teléfono, celular o internet. Estos valores ascienden al 45% en el caso los hogares de menores ingresos. Además, un 5% de los hogares tuvo que reducir el consumo de medicamentos, valor que asciende al 7,5% en los hogares ubicados en villas y asentamientos.

Informalidad laboral. El documento de Naciones Unidas reveló también que desde principios de 2018, la tasa de trabajadores no registrados ha aumentado hasta alcanzar al 35,9% del total de los asalariados a finales de 2019, con una mayor incidencia entre las mujeres. Pero advierte que este aspecto se profundizará sustancialmente con la pandemia.

Ayuda social. Al analizar la situación en las villas y los asentamientos, el informe destaca los datos que muestran que la llegada de los esquemas de transferencias sociales sirvió para para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la Argentina, como el IFE (31%), el bono extraordinario de AUH (45%) y la tarjeta Alimentar (25%), tenía una cobertura más alta que en el resto de los hogares. Por ende, se infiere una “buena focalización en hogares de bajos ingresos, que se comprueba tanto al analizar la cobertura por cuartiles de ingresos como cuando se observa que, entre quienes perciben una transferencia social, el 62,8% contaba con cobertura pública de salud y el 17,4% tenía una cobertura privada de salud”.

Provisión de alimentos. La ONU alertó que “una importante lección que depara la pandemia es la necesidad de acortar las cadenas logísticas, fortalecer los mercados locales y la producción agroalimentaria de cercanía”. Pero a la vez, señala oportunidades para “la producción de alimentos más saludables y asequibles para la población y la creación de empleos más resilientes”.

Así, en el contexto de la pandemia, el informe sostiene que el 28,3% de los hogares relevados había dejado de consumir algún alimento por limitaciones en el ingreso. Pero en las villas y los asentamientos, el porcentaje llega al 45,3%. Los hogares con jefatura femenina, los numerosos y aquellos con al menos una persona con discapacidad también muestran mayores dificultades en el acceso a alimentos que el promedio general. Asimismo los valores aumentan en algunas regiones tales como Cuyo.

Mujeres y hombres. El brote de COVID-19 afecta de modo diferente a las mujeres y a los hombres, y puede exacerbar las disparidades previamente existentes asociadas al género. De esta manera, en el informe se detalla que según la Encuesta Rápida de UNICEF, el 51% de las mujeres entrevistadas mayores de 18 años expresó que, durante el aislamiento social, ha sentido una mayor carga de las tareas del hogar respecto al período previo. Las causas de la sobrecarga son la limpieza de la casa (32%); la tarea de cuidados (28%); la preparación de la comida (20%) y la ayuda con las tareas escolares (22%).

Educación limitada. El informe destaca que en la Argentina la reducción del tiempo de instrucción que repercute en los logros del aprendizaje. “Cuando las escuelas cierran, el rendimiento educativo se ve afectado”, dice el documento. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Rápida COVID-19 realizada por UNICEF revelan un primer dato alentador: el 81% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tiene actividades y tareas escolares durante la cuarentena y que en 2 de cada 3 casos realizan tareas todos los días de la semana, lo que da cuenta de un sostenimiento del vínculo entre los estudiantes y las instituciones educativas a pesar del cierre de las mismas dispuesto por el Poder Ejecutivo para mitigar el riesgo de contagio.

Violencia de género. La cuarentena en la Argentina aumentó los riesgos de violencia de género y abuso sexual. El encierro, el hacinamiento y la posible discontinuidad de redes de protección social afectaron los determinantes sociales de la salud y el bienestar de las mujeres y las desigualdades de género preexistentes. Así, según el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir del 20 de marzo, el promedio diario de llamados recibidos por la línea telefónica 144 —el único servicio nacional, gratuito y confidencial que brinda atención y orientación sobre violencia de género— superó en un 39% al de los días anteriores a la pandemia. Asimismo, durante el período de aislamiento se han incrementado los femicidios: entre el 20 de marzo y el 16 de abril hubo 21 femicidios en el país.

Anticonceptivos. El COVID-19 y la cuarentena presentan dificultades en el acceso a los anticonceptivos modernos tanto por la vía del abastecimiento y provisión pública como por las dificultades de las mujeres para adquirir los anticonceptivos con sus propios recursos en farmacias. También alertó que seis de cada diez mujeres que discontinuarán el uso de anticonceptivos en el país lo harán afectadas por una retracción de los ingresos familiares. Mientras que 4 de cada diez mujeres que, durante la pandemia discontinuarán el uso de anticonceptivos modernos, lo harán por dificultades de aprovisionamiento en los servicios públicos de salud.

Mensaje y recomendaciones

Durante la presentación del informe que hizo la ONU, Luisa Brumana representante de UNICEF en Argentina reveló que la pandemia podría afectar a 9 de cada 10 niños a una situación de pobreza. “Es importante enfocarse en estos sectores. Sabemos que el Estado está haciendo un esfuerzo importante. Pero son los grupos que más se verán afectados”, dijo.

A la vez, Valent, como representante de la ONU en la Argentina, dijo que “la pandemia afecta de manera dramática para millones de argentinos y ello traerá mayor pobreza”. Y alertó que la economía de la Argentina caería hasta un 10%; se perderían hasta 800.000 empleos en Argentina en el 2020 y la respuesta a una salida de esta crisis deberá llegar de manera multidimensional, con lo que destacó la iniciativa del Gobierno de promover el Consejo Económico y Social.

En la presentación del informe de la ONU se hizo presente Victoria Tolosa Paz, Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, quien remarcó que “el informe deja al descubierto las desigualdades en Argentina que no son nuevas pero también refleja que fue un acierto el aislamiento para detener el avance del COVID-19”.

En cuanto a las recomendaciones a futuro, la oficina de la ONU en Argentina planteó la necesidad de profundizar medidas para restringir el movimiento y el contacto del virus; establecer medidas para garantizar que los servicios de salud lleguen a los grupos más marginalizados, mitigar el impacto de la pandemia en ellos y abordar las barreras estructurales, legales y administrativas para el acceso; diseñar políticas fiscales y monetarias capaces de apoyar la provisión directa de recursos para apoyar a las/los trabajadores/as y los hogares, la provisión de seguros de salud y de desempleo, el aumento de la protección social y de ingresos y el apoyo a las empresas para evitar las quiebras y las pérdidas masivas de puestos de trabajo y utilizar las inversiones públicas para desarrollar infraestructura con el menor impacto ambiental negativo posible, rehabilitar y conservar los recursos naturales y dar prioridad a la resiliencia a fin de reducir el riesgo de desplazamiento de personas y empresas.