Dos por uno: una semana frenética que deja alivio y daños graves

Al cuestionado fallo de una mayoría de la Corte Suprema, que aplicaba el beneficio conocido como «dos por uno» a condenados por delitos de lesa humanidad, siguió una arrasadora reacción social.

Las encuestas revelaron un repudio generalizado, la clase política acompañó ese sentimiento casi sin fisuras, muchos jueces de tribunales inferiores rechazaron plegarse a una jurisprudencia controvertida, el Congreso se activó como pocas veces para sacar adelante por unanimidad una ley aclaratoria destinada a reparar la situación y sectores de la comunidad realizaron una imponente manifestación en la Plaza de Mayo, así como otras en diversas ciudades, para poner en escena la repulsa. Todo en una semana de vértigo.

Como hay fuertes indicios de que los miembros de la mayoría desdichada –Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Helena Highton de Nolasco– aceptarían la aplicación de la nueva ley en los casos que les lleguen de ahora en más en apelación, la cuestión parece zanjada. No por nada el Gobierno les tendió a los supremos un puente de plata, al hablar de una norma que llena un «vacío legal». ¿Debemos sentirnos aliviados, entonces?

Sí en lo que respecta a evitar la aparición en cualquier calle, cualquier día de estos, de emblemas del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz, Miguel Etchecolatz, Jorge «El Tigre» Acosta, Julio «El Turco» Julián y Christian Von Wernich, entre muchos otros. Pero la semana del «dos por uno» deja un saldo político, judicial e institucional extremadamente preocupante.

Por un lado, la Corte Suprema ha perdido buena parte del prestigio social que había sabido construir, particularmente en temas de derechos humanos, y que había logrado surfeando las olas fuertes de los últimos años. El destino de aquellos tres supremos oscila hoy entre una renuncia improbable, un juicio político indeseable y un descrédito asegurado. Nada para celebrar.

Es que toda la reacción descripta se concentró, en verdad, en el rechazo a los tres magistrados. Fue, prácticamente, todo el país contra tres jueces, con la notable inclusión en el primero de esos bandos del Gobierno nacional.

Esto nos lleva a la reacción de la Casa Rosada ante el entuerto. La primera orden, al conocerse el fallo el miércoles 3, fue de total prescindencia.

En otra muestra que debe preocupar, no supo anticipar aquella reacción social volcánica por considerar, ahora sabe que erróneamente, que el de los derechos humanos «del pasado» era una bandera de minorías, una de la vieja política.

Así, el mismo día del fallo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avurj, salió a responder a la prensa sin contar con una bajada de línea. Después de repetir la zoncera del «respeto a los fallos de la justicia», algo que a esta altura ni debiera señalarse, terminó, forzado por la dinámica de la requisitoria, respaldando la decisión «si es que es correcta».

Pero las reacciones seguían y la decisión inicial de ignorar el tema fue mutando. Al día siguiente fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien salió a corregir. Repitió aquel cliché y agregó que el «dos por uno» fue una mala política. Gusto a poco.

Hubo que esperar al sábado para que el Gobierno Nacional dijera lo que correspondía: que si el «dos por uno» consagrado en la ley 24.390 estuvo mal en todos los casos, era peor en delitos de lesa humanidad, cualitativamente diferentes de los primeros. Lo hizo Marcos Peña, completando una vuelta de campana tras percatarse de que el 85 % de repudio social al fallo mordía profundamente en el propio electorado de Cambiemos.

En el medio, es justo recordarlo, Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal, había salido rápidamente a repudiar la sentencia «a título personal». De mayor experiencia y vocación, Cantón es la mejor voz del PRO en la materia. Se sabe: para la tribuna, el que espera en el banco siempre es mejor que el titular. Pero el DT lo mandó a Avruj el mismo día de la marcha, justo una semana después del fallo, a tuitear que siempre había estado en contra del mismo. En fin…

Una pregunta políticamente incorrecta: ¿puede un ministro de Justicia estar completamente ajeno al hecho de que el máximo tribunal del país haya elegido un tema tan sensible para sentar jurisprudencia?

Quienes celebran la no intromisión del Ejecutivo en el Judicial y la recuperación de la República deberían reparar en otros detalles en contrario y poner en duda sus certezas. ¿No buscó acaso la Casa Rosada que el baricentro de la Corte pasara por Rosenkrantz y no ya por Ricardo Lorenzetti? El problema en ese sentido en que toda esta saga dejó al primero como un derrotado político y al segundo, a quien algunos le atribuyen sin pruebas una habilísima operación, como el gran vencedor. Sí, ganó el que perdió la votación del «dos por uno».

Queda por último la ley que el Congreso sacó entre martes y miércoles, en tiempo récord y prácticamente por unanimidad.

Es, para empezar, una ley interpretativa, lo cual trae el primer dilema. ¿Interpretar la ley no es facultad del Poder Judicial?

Además, resulta algo redundante ya que repite, con alusión más específica a la cuestión del «dos por uno», los argumentos contenidos en la ley 27.156 de 2015 y, más importante aun, en los tratados internacionales firmados por la Argentina, a los que se ha dado rango constitucional.

No había vacío legal y los jueces de la mayoría no lo invocaron en sus sentencias. Hablar de eso ahora es un salvavidas para que puedan aplicar la nueva norma que presenta, además de su carácter interpretativo, un problema aún más serio. ¿Realmente la Corte adecuará su jurisprudencia al humor social con la violación de un principio básico del derecho como es la no retroactividad de las normas? ¿En qué queda el de «ley más benigna», base de los fallos del escándalo?

El marco legal y los tratados internacionales firmados por el país siempre estuvieron frente a los ojos de Sus Señorías, solo que los ignoraron. Y eso generó daños irreparables. Los criminales de lesa humanidad probablemente seguirán en prisión, como debe ser. Pero de toda esta secuencia sale una Argentina con una Corte Suprema desacreditada y dividida por una pelea de liderazgos, desobedecida por tribunales inferiores. Una Argentina, además, mirada de reojo por el sistema interamericano de derechos humanos. También una clase política que, en ciertos sectores, fue respondiendo con morosidad y un Gobierno que exhibió una preocupante falta de contacto con la realidad y de reflejos.

Asimismo, emerge un entramado jurídico degradado y emparchado en materia de derechos humanos. Si el desastre de la suelta de represores no se produce, será a expensas de aplicar una ley controvertida en lugar de normas con rango constitucional.

Fue una semana fatídica.