Docentes de Chubut: décima semana de paro
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, Santiago Goodman, adelantó que “no hay razón objetiva para levantar la medida de fuerza, por lo que seguiremos desde el lunes hasta el sábado próximo inclusive”. Agregó que de debe «Tener en cuenta que los gobiernos provincial y nacional subsidian de diversas maneras a empresas petrolìferas y gasìferas que se llevan la riqueza de nuestra provincia, pero no hallan modo de pagar en término los sueldos ni los aumentos acordados en paritaria que nos corresponden».
El jueves, docentes y estatales chubutenses protagonizaron en la provincia el paro nacional llamado en su apoyo. Una multituddespidió a las dos docentes muertas en accidente de tránsito cuando volvían de una protesta en Rawson, bloquearon las instalaciones de Aluar –una de las grandes empresas beneficiadas por subsidios nacionales y provinciales. En la ruta 40, en el paralelo que marca el límite con Río Negro, los sindicatos Atech-Comarca, Unter-Bolsón y las regionales de ATE de las dos provincias, junto a jubilados, personal del Hospital del Bolsón y cientos de trabajadores reclamaron nuevamente la renuncia del gobernador Mariano Arcioni.
Amparo judicial
En este contexto, el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la integrante de la Defensoría Pública, Alexia López, exigiendo a las autoridades que garanticen el servicio de educación. El magistrado orientó el pedido al gobierno nacional interpretando que es el Estado quien lo debe garantizar. López explicó que “en principio la presentación la realicé en representación de los niños del nivel inicial, primario y secundario de Rawson, que es el ámbito de mi competencia, pero por extensión se interpreta que abarca a todos los alumnos de la provincia”.
La abogada fundó su recurso en la ley nacional 25.864 que establece “un ciclo lectivo anual mínimo de 180 días efectivos de clase, para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos equivalentes”. El juez acogió el amparo y fue más allá, basado en el artículo 4to. de esa norma: “A fin de asegurar el cumplimiento del ciclo, las jurisdicciones provinciales que, una vez vencidos plazos legales y reglamentarios no pudieran saldar las deudas salariales del personal docente, podrán solicitar asistencia financiera al Poder Ejecutivo Nacional”.
Según explicó la abogada de la asesoría de familia, el “juez le dio al Ejecutivo nacional cinco días para que ejecute lo dictado por la ley, cuyos plazos creo ya están corriendo”. Por otra parte, fuentes judiciales adelantaron que la jueza de Familia número 1 de Puerto Madryn, María Fernanda Palma, también hizo lugar a un recurso colectivo para exigir el retorno a clases, en este caso impulsados por padres a través del abogado del foro local Néstor Coronel.
