Desmontes: Somos Monte Chaco pidió a la Justicia que resuelva el amparo presentado en mayo pasado
El colectivo Somos Monte solicitó, el pasado miércoles 12 de febrero, que el Juez Benito Flores, del Juzgado Civil Nº21, resuelva el recurso de Amparo presentado por el Defensor del Pueblo en mayo 2019. E insisten en señalar que, «estos desmontes ponen a todos los ciudadanos del Chaco y sus alrededores en riesgo ambiental y perjudican la integridad de los ecosistemas chaqueños».
El documento
”Desde el año 2013 la Oficina de Bosques de la Provincia de Chaco, que depende del Ministerio de Producción, y está encargada de cuidar nuestros bosques y su integridad, ha aprobado desmontes en áreas donde los mismos estaban prohibidos por ley.
Los datos confirman que las recategorizaciones de los 53 predios judicializados y en los cuales se ha desmontado pese a que ese tipo de uso no era legal, no fueron casos excepcionales; sino que hay evidentes correlaciones espaciales, temporales y causales, en las aprobaciones de las solicitudes de recategorización.
De los 53 permisos presentados por la Dirección de Bosques, 46 (equivalentes al 95.1% de las 33.676 ha recategorizadas en total, ver mapa adjunto al final) se encuentran concentrados en una zona reducida. De los 53 casos el 94.3% fueron aprobado en dos oportunidades, una en 2013 y otra entres 2016 y 2017.
De las 53 solicitudes, 37 (el 70%) fueron presentadas por sociedades anónimas o privados cercanos a las mismas. Por estas y otras razones resulta evidente que las recategorizaciones no fueron casos excepcionales sino que se trató claramente de una sistemática violación de la ley 26.331 y las leyes provinciales de ordenamiento territorial.
Recategorizaciones de este tipo fueron consideradas ilegales en Salta por la Auditoría General de la Nación que publicó dos informes, uno en 2014 y el otro en 2018 fechas que deberían ser analizadas en función de lo que pasó en Chaco. En tales informes el organismo nacional advierte que “se generó el marco legal para burlar, no solo las disposiciones provinciales, sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos.”.
Para empeorar la situación, las recategorizaciones hechas en Chaco ocurren a lado de tres reservas naturales estrictas, el Parque Nacional Copo, la Reserva Natural Loro Hablador y la Reserva de Recursos La Pirámide, siendo algunos de los predios linderos a las mismas reservas.
Además, 10 de los 53 predios recategorizados se encuentran en el corredor biológico del Chaco Seco, para cuya conservación la Provincia del Chaco recibe fondos del programa internacional GEF (y razón por la cual las medidas de conservación deberían haber sido mayores que en otras áreas boscosas).
Estos desmontes ponen a todos los ciudadanos del Chaco y sus alrededores en riesgo ambiental. Perjudican la integridad de los ecosistemas chaqueños. Causan el desalojo y desplazamiento forzado de comunidades campesinas y indígenas. Perjudica así la permanencia de especies emblemáticas y en peligro de extinción, como por ejemplo el yaguareté. Además, erosionan el suelo y contribuyen a un proceso grave tanto de desertificación como al calentamiento global.
Si no fuera bastante claro, las lluvias de los últimos días, que volvieron a azotar zonas ya inundadas el año pasado, nos deberían brindar las herramientas necesarias para dar escucha al sentido común y afirmar que en un contexto de crisis climática necesitamos cumplir las leyes ambientales y cuidar las generaciones venideras así como nuestra propia vida.
Es por estas razones que pedimos que se reconozcan como ilegales las recategorizaciones otorgadas en estos años, dando por concluso el proceso de regularización empezado con la prohibición de otorgar estos permisos en enero del año pasado y la presentación del Defensor del Pueblo”.
