Derechos Humanos trabaja para dar respuesta a la «solución amistosa» del caso Greco
Junto al Ministerio de Gobierno, el Comité contra la Tortura y la Fiscalía de Derechos Humanos se acordó abordar la situación actual de las instituciones carcelarias.
Distintas áreas del Estado se reunieron ayer en una mesa de trabajo para abordar el caso Greco II, en donde la Secretaría de Derechos Humanos es querellante. En la oportunidad, se firmó un acta acuerdo para afianzar los ejes de la “solución amistosa” que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado Argentino y a la Provincia a llevar adelante años atrás, para avanzar con el esclarecimiento de las responsabilidades penales y en la creación de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos.
Participaron de la reunión, los asesores de la Secretaría de Derechos Humanos Kevin Nielsen y Gabriela Boschetti, la ministra de Gobierno Jessica Ayala, miembros del Comité contra la Tortura y el Fiscal de Derechos Humanos Dr. Francisco Turraca, la dra Eva Asprella del Centro de Estudios Legales y Sociales y asesores.
Nielsen recordó que la Secretaría de Derechos Humanos presentó medidas probatorias que no tuvieron resultado por el tiempo transcurrido; “pero subsiste el compromiso firme de las tres áreas del Estado para trabajar en conjunto, como lo establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dar cumplimiento a los puntos de aquella solución amistosa, como es seguir fortaleciendo los mecanismos institucionales para que determinados hechos no vuelvan a suceder”, explicó.
Es así, que durante el encuentro también se analizó la situación actual de las instituciones carcelarias. “Trabajamos sobre las medidas pragmáticas se pueden adoptar para evitar el hacinamiento carcelario y en las dependencias policiales”, explicó Nielsen, al tiempo que indicó que se trata de “un estado de emergencia” y que se debe actuar dando solución a la problemática para no lamentar hechos trágicos.
En este sentido, Eva Asprella, del Centro de Estudios Legales y Sociales marcó a importancia de garantizar que se cumplan los compromisos asumidos por el Estado. “Hoy precisamos cuestiones en concreto para que se investiguen mejor los hechos de tortura y malos tratos que suceden en los lugares de encierro de la provincia; que se mejore y fortalezca el Comité contra la Tortura, creado a partir de esa solución amistosa, y que plantea la necesidad de solicitar a la Cámara de Diputados la Ley de Emergencia Carcelaria, que habilitaría partidas presupuestarias sin pasar por los recaudos administrativos; y trabajar sobre la situación de hacinamiento de detenidos en comisarías, que es un lugar donde no debería haber nadie viviendo, ya que iguala en número a los que están alojados en penitenciarías”, explicó.
Asprella también apuntó a trabajar para bajar el nivel de encierro, “a quién se le dicta prisión preventiva y porqué, en un sistema que está colapsado. Porque si construimos más cárceles que son caras y demandan tiempo, siempre van a estar llenas”.
DESCARCELACIÓN
Sobre este tema, la secretaria de Derechos Humanos, Celeste Segovia, planteó como salida la descarcelación: “Es un concepto procesal de las personas que están detenidas cautelarmente o preventivamente; son quienes mantienen status de inocente y sin embargo están en prisión preventiva, lo que constituye un sobreabuso”, opinó.
Asimismo, indicó que desde la Secretaría de Derechos Humanos “entendemos que hay un uso irracional de la prisión preventiva, que hoy en día hace que el principio de inocencia sea un concepto abstracto”.
En este sentido, sostuvo que la descarcelación “es un plan programático de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad social y que no revisten riesgo procesal concreto para víctimas o para terceros, es decir infractores a la ley 23737, Ley de Drogas, delitos menores, hurtos, contraventores. Es decir, pueden transitar el proceso penal libres, obviamente tal vez con sucedáneos, como medidas de monitoreo electrónico para someterlo y sujetarlo al proceso penal”.
