Desde que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el congelamiento de las cuotas de las prepagas, muchos prestadores médicos comenzaron a cobrar copagos, que también alcanzan a los afiliados de las obras sociales. La decisión sumó tensión a un sistema que profundizó sus crisis en la pandemia de coronavirus. “La Salud es una olla a presión”, advirtieron a TN desde el sector.
La coincidencia entre todos los actores involucrados es que una inflación imparable, sumada la devaluación posterior a las PASO y a la falta de dólares para la importación de insumos fundamentales crearon un combo que, aseguran, desfinanció al sistema privado de salud.
La tensa situación se enmarca en una creciente crisis económica, con un desempleo en sus mínimos históricos, pero un promedio de poder de compra de los ingresos que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de los argentinos.
Copagos: la queja de las obras sociales que defienden los prestadores médicos
Las obras sociales sindicales de Pasteleros, Alimentación, Docentes Particulares, Aguas Gaseosas y de la Industria Gráfica de Córdoba le reclamaron al superintendente de Servicios de Salud (SSS), Alejandro López, por el cobro de adicionales a los afiliados por parte de prestadores de salud y denunciaron que se trata de una “recurrente práctica llevada adelante por sanatorios y clínicas en perjuicio de los trabadores y sus familias”.
Las quejas se centraron en la práctica del “cobro de copagos y/o coseguros sin consenso de las entidades involucradas y en el marco de decisiones unilaterales”.
Anunciaron además que en las próximas horas, las obras sociales avanzarán con las “denuncias correspondientes a los prestadores que incumplan los contratos firmados”. “El superintendente de Salud recepcionó los reclamos y recalcó la vigencia de la ley 23.661 de Sistema Nacional del Seguro de Salud, que contempla infracciones de los prestadores a la norma que dicta la SSS y establece sanciones en el caso de que dicha infracción se concrete”, indicaron.
En diálogo con TN, Marcelo Kaufman presidente de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (Cedim), reconoció que el cobro de adicionales médicos es una práctica creciente, pero explicó que “los copagos a pacientes son consecuencia de un problema de desfinanciamiento”.
Si bien se manifestó en contra de cobros adicionales, dijo que “si la plata está faltando por desfinanciamiento del sector, o por inflación, o por devaluación, o por imposibilidad de conseguir insumos, con los valores que tenemos con los financiadores, llámense obras sociales o prepagas, desgraciadamente no hay chance de que los médicos y las instituciones intenten no cobrar un copago y puedan ser sustentables”.
“Nosotros tenemos un convenio con un financiador, que es el PAMI, que son las obras sociales sindicales o la medicina prepaga. Nosotros no deberíamos cobrar bajo ningún punto de vista un copago, pero lo que están pagando y al tiempo que lo pagan no alcanza para cubrir las prestaciones médicas”, argumentó.
El pago del bono que anunció Massa y el congelamiento de las cuotas de las prepagas como telón de fondo
El problema es complejo. Las prestaciones médicas se cobran a los 90 días, cuando la inflación y las paritarias dejan desactualizados sus valores para cubrir el costo, pero a eso se suma que el 95% de sus insumos médicos es importado, condición que golpeó la devaluación posterior a las PASO.
Además, los prestadores dicen que empeoró aún más la situación el doble anuncio de Massa, sobre el pago del bono de $60.000 para trabajadores bajo relación de dependencia y el congelamiento de las cuotas de medicina privada.
“El bono que nos obligan a pagar desde el Gobierno no tenemos ninguna forma de recuperarlo. A cambio de todo esto, el Gobierno nos dio medidas de alivio fiscal, que es la postergación del pago de las cargas patronales hasta marzo y a partir de ahí 9 cuotas con un interés que determina la AFIP. No es que nos suspenden el pago de las cargas patronales, lo postergan por el congelamiento de la medicina prepaga. Esto que nos dio el Gobierno como alivio fiscal no alcanza bajo ningún punto de vista para cubrir el congelamiento, la devaluación y la inflación”, advirtió Kaufman.
En el mismo sentido, el también integrante de la comisión de directiva de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), alertó que “o se adecúan esos aranceles que acaba de congelar el Gobierno o las empresas de salud no van a tener más remedio que cobrar el copago, a riesgo de ser sancionados”.
“El sector prestador privado no quiere ser un sector subsidiado. Lo que a nosotros nos interesa es fijar los aranceles por lo que vale lo que hacemos. Con eso nuestro sector no necesita subsidios. Pero no se puede tener un sistema desfinanciado y meterle una devaluación, un congelamiento de la cuota de la medicina prepaga y encima ponerle un bono obligatorio. Estamos en una situación crítica”, completó.
Más allá de las peleas de uno y otro lado del sistema privado de salud, en el medio están los afiliados, que dependen de una obra social o de una prepaga y que sigue viendo golpeados sus ingresos, por aumento de cuotas o por cobros de adicionales.
