El gobernador Capitanich firmó en Buenos Aires el documento que apunta a fortalecer las políticas públicas federales, transversales y territoriales, y estipula un eje específico contra la violencia institucional.
En Buenos Aires, en el histórico predio de la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el gobernador Jorge Capitanich suscribió este jueves un convenio marco de asistencia técnica con el titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, para garantizar, promover y proteger los derechos humanos, a partir de un trabajo articulado entre Provincia y Nación.
“Este convenio de asistencia implica el trabajo de cuestiones relacionadas con la violencia institucional y recomendaciones para el ejercicio y la acción de políticas de derechos humanos, que se hará en cada provincia del país”, explicó. Chaco es la primera provincia en firmar un convenio con la Secretaría en esta gestión.
El convenio habilita a la elaboración de programas específicos y a la planificación y desarrollo de acciones para la protección de derechos humanos en grupos sociales en situación de vulnerabilidad, brindando asesoramiento y elaborando estrategias de intervención. Todo esto con el objetivo de promover el fortalecimiento del compromiso democrático y el afianzamiento de los valores en derechos humanos mediante la generación de espacios de capacitación, investigación, encuentro e intercambio.
Además busca servir de marco cooperativo para el diseño y ejecución de políticas públicas e iniciativas administrativas, legislativas y judiciales que tiendan a la erradicación de la violencia institucional, incluyendo formación y capacitación de los agentes de las fuerzas de seguridad.
También posibilita la articulación con el Archivo Nacional de la Memoria para la actualización, preservación y digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el Terrorismo de Estado.
Reforma y protocolo
Capitanich puntualizó que desde el Gobierno del Chaco se propone una reforma para la integración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. “De esta forma, el Estado se retira de la participación efectiva e inicial, los miembros se eligen con concurso de antecedentes y oposición, con un sistema de examinación de un tribunal académico y a su vez, nosotros logramos un consejo consultivo donde ahí sí participan los distintos poderes del Estado”, indicó.
La Provincia impulsó también la creación de una guardia permanente en materia de derechos humanos, estableciendo un protocolo de comunicación “para cuando observamos episodios de violencia de carácter institucional”, dijo. “En este contexto entendemos que es absolutamente necesario cumplir parámetros, procedimientos y protocolos y que esto nos va a ayudar mucho a la implementación”, insistió.
“Entendemos claramente que es necesario dar cumplimento efectivo a la ley de seguridad democrática, la misma tiende a promover la elección, por concurso de antecedentes y oposición del defensor oficial y a su vez también, al dirección de control policial”, manifestó ante la ponderación por parte del secretario Nacional Pietragalla a la reacción del Gobierno provincial ante el hecho ocurrido en Fontana
