Manuel Adorni, vocero presidencial, ratificó la posición del Gobierno nacional sobre las tomas de universidades que están activas en todo el país a raíz del conflicto por el presupuesto. En ese marco, el funcionario fue tajante al considerar que se trata de un «delito» y un hecho político.
«Tomar una universidad es un delito, y la ley de educación superior en su artículo 31 establece que las fuerzas federales y de seguridad no pueden intervenir si no lo solicita un juez o la autoridad de la universidad, la cual es el rector. En ese caso, es responsabilidad del rector de cada universidad garantizar que los alumnos que deseen tener clases puedan hacerlo», argumentó.
Adorni cuestionó la legitimidad del reclamo al sostener que «no discuten el presupuesto. Nunca les ha importado. Cualquiera que asiste a la universidad sabe que lo más importante es estudiar, graduarse y tener un futuro laboral». En ese sentido, consideró que «se ve mucha postura ideológica, especialmente de izquierda, y personas que parecen estar más interesadas en el conflicto que en debatir cómo mejorar la educación».
Asimismo, el vocero reiteró que no está en la agenda del Gobierno cerrar universidades públicas e insistió: «Claramente hay una cuestión política cuando las cosas empiezan a tergiversarse».
De todos modos, habló de cumplir prioridades en un sistema educativo en crisis desde sus inicios para los más chicos: «Pensar en una universidad cuando hay niños que no pueden alimentarse ni estudiar es complicado. Y esas mismas personas que hoy están lanzando piedras y peleándose, apoyaron este desastre educativo».
Hubo tomas universitarias en los rectorados de las universidades de Salta, La Plata, Catamarca, San Juan y en distintas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. Se suman a las de Psicología, Filosofía y Letras y Sociales de la UBA que fueron las primeras que se tomaron.
