Junto al procurador General de la Provincia, el gobernador y la ministra de Seguridad y Justicia – con representantes de fuerzas de seguridad – conformaron una mesa de planificación de políticas vinculadas a la violación del Distanciamiento o el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (según cada localidad), la penalización de fiestas clandestinas, y la toma ilegal de tierras, entre otros temas.
El gobernador Jorge Capitanich encabezó, este lunes por la tarde, una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y del Poder Judicial, en la que acordaron la conformación de una mesa de control, monitoreo y planificación de protocolos de actuación ante diversas faltas vinculadas a la pandemia.
El mandatario valoró positivamente el encuentro y detalló que, “nos permitió trabajar en la coordinación de un grupo especializado de vigilancia diurna y nocturna para prevenir e impedir fiestas clandestinas, encuentros familiares y deportivos junto a movilizaciones que impliquen aglomeración de personas”.
El encuentro contó con la presencia del procurador General de la provincia, Jorge Canteros, la presidenta de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia Emilia Valle, la Ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, referentes de la Justicia provincial y de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, quienes trabajaron considerando la multiplicación de contagios en el interior provincial producto de las violaciones a las normativas del Plan de desescalada, evaluando las medidas de prevención y sanción correspondientes.
Participaron del encuentro el procurador General Adjunto, Miguel Fonteina; el inspector de Justicia de Paz, Nelson Mussin; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; y representantes de las fuerzas Federales: el jefe de Prefectura, Osvaldo Daporta, el jefe de Gendarmería Fabio Pérez, y el jefe de la Policía Federal Juan Carlos Hernández. Además estuvieron presentes el subsecretario de Planificación Leandro Álvarez y el subsecretario de relaciones institucionales Gerardo Stancheff.
Capitanich aseguró además que la coordinación efectiva en el territorio “nos permitirá combatir unidos esta pandemia” y que la aplicación de restricciones a la circulación con controles coordinados en localidades que experimenten aumentos significativos de casos “nos permitirá cumplir con un modelo adecuado de administración de casos sin generar tensiones en el sistema sanitario”.
Mesa de coordinación intersectorial
La mesa de coordinación, definirá políticas públicas a ser aplicadas ante casos de fiestas clandestinas, movilizaciones, usurpaciones, y todo tipo de violaciones del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) o el Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO).
Sobre la penalización ante casos de quebrantamiento del ASPO, Canteros remarcó que “la aglomeración de personas produce contagios masivos”. En esa línea, reparó en la situación de Villa Ángela, Sáenz Peña y Pinedo afirmando que eran lugares que “no tenían casos”, y analizó que “Resistencia pasó de ser generadora de un 95% de los casos diarios, a un 50%, lo que quiere decir que los contagios se están multiplicando en el interior”.
Las autoridades analizaron especialmente las situaciones particulares de Villa Ángela y General Pinedo, que volvieron a la fase de ASPO estricto, así como de Charata y Sáenz Peña que están siendo monitoreadas de cerca por el crecimiento de casos. Además, definieron realizar encuentros semanales vía Zoom.
La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, destacó la buena convocatoria de funcionarios que tuvo la mesa, la cual aseguró “se va a reunir de manera permanente durante estas semanas vía teleconferencia”.
Canteros consideró que el no cumplimiento de las disposiciones de ASPO o DISPO implicaría la comisión del delito violación de medidas sanitarias contra una epidemia, previsto en el art. 205 del Código Penal y “quien lo haga debe ser sometido a un proceso de faltas y luego penal”. En esa línea enfatizó que “la policía para evitar los efectos del delito no necesita órdenes de nadie”, porque la policía “tiene la fuerza y autoridad necesaria para hacer cesar los efectos de un delito”.
Sobre los protocolos de actuación planteados frente a situaciones de toma de tierras y usurpaciones, el Procurador General de la Provincia aclaró: “Se deben respetar los Derechos Humanos, y también debemos respetar los derechos de los propietarios de las tierras y la propiedad privada, como así el derecho del Estado provincial a disponer de las tierras fiscales para los planes de vivienda”.
En cuanto a las manifestaciones, la ministra Zalazar aseguró que, “nos preocupamos por los reclamos que tienen, pero también por lo que una movilización conlleva en materia de aglomeración de personas”, indicó.
Fuente: chaco Dia por Dia.
