La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avanzó este jueves con el debate del proyecto de gastos y recursos para el 2023 con el objetivo de emitir dictamen el jueves próximo, y la expectativa de que tengan el respaldo de los bloques mayoritarios del cuerpo legislativo.
La sanción de esta ley es clave para el Gobierno nacional y por eso buscará todos los consensos para lograr tener aprobada la ley antes del 30 de noviembre, con un esquema de aprobación en Diputados para la semana del 25 y 26 de octubre y en el Senado en la segunda quincena de noviembre.
El Frente de Todos quería adelantar el tratamiento en el recinto para la próxima semana, pero la mayoría de los bloques opositores pidieron mantener los acuerdos de sacar dictamen el jueves 20 y tratarlo entre el 25 y 26 de octubre, reconocieron fuentes parlamentarias.
El Presupuesto 2023 estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión Carlos Heller (FDT) dijo que el análisis detallado del Presupuesto que comenzó este jueves continuará «el martes, miércoles y jueves con vistas a emitir dictamen, y luego las autoridades de la cámara definirán la fecha de la sesión».
Este miércoles, en la reunión de Labor Parlamentaria Juntos por el Cambio, a través del vicepresidente tercero del cuerpo Julio Cobos, pidió dividir la sesión en dos días y evitar el debate en la madrugada, informaron fuentes parlamentarias.
En el primer tramo de la reunión, el presidente del bloque del FDT Germán Martínez pidió a los diputados que las bancadas «generen un listado de los temas en debate que requieren mayor debate en particular».
Los principales temas que este jueves se plantearon en la comisión fueron un aumento de las partidas para las Universidades, un incremento de los fondos para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, limitar las facultades del Gobierno para aumentar las retenciones y la inclusión de determinadas obras públicas.
Para el oficialismo es clave poder enhebrar acuerdos con los bloques opositores ya que tiene 118 legisladores -117 en condiciones de votar- con lo cual necesita al menos unos quince para tener una mayoría más holgada que supere los 129 votos.
Martinez quiere tener los pedidos de la oposición para buscar acercar posiciones y poder cumplir su meta que este año el Gobierno tenga el Presupuesto aprobado -tras el revés sufrido el año pasado- y las señales que este jueves dio la oposición dejaron las puertas abiertas para que eso suceda.
El vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (PRO) -una de las espadas económicas opositoras- dijo que su bloque quiere que el Gobierno tenga el Presupuesto, al considerar que «es el primero de los gobierno kirchnerista que presenta un recorte del gasto público”.
“Nosotros queremos que haya Presupuesto, y se respete, para que también existan garantías de que no se le deje al próximo gobierno una bomba fiscal”, especificó el legislador.
También señaló que la cifra de inflación del 60% “es inverosímil, pero no se puede exigir al ministro (Sergio) Massa que ponga una inflación 120%’”.
Estas declaraciones así como las que formuló el radical Victor Hugo Romero dejan una luz de esperanza en el oficialismo de que el bloque de Juntos por el Cambio va a respaldar en general el Presupuesto.
El primer expositor fue el secretario de la comisión Marcelo Casaretto (FDT), quien hizo una fuerte defensa del proyecto diseñado en el Ministerio de Economía y aseguró que tras la presentación de los funcionarios hubo «una amplia descripción del Presupuesto».
«Nos planteamos como objetivo -señaló- que en el curso del mes de octubre tomando una fecha de referencia el 26, pero si los tiempos lo permitían se puede hacer el 19».
«Este presupuesto plantea una recuperación de salario real y una baja de la inflación del 90 al 60 por ciento, y si eso ocurriera podrá haber una recuperación del salario», agregó.
El legislador destacó que este Presupuesto «sostiene el crecimiento por tres años consecutivos, no es un presupuesto de ajuste, sino que busca el crecimiento, la creación de empleo y la distribución del ingreso».
El Frente de Todos quería adelantar el tratamiento en el recinto para la próxima semana, pero la mayoría de los bloques opositores pidieron mantener los acuerdos de sacar dictamen el jueves 20 y tratarlo entre el 25 y 26 de octubre, reconocieron fuentes parlamentarias
Desde el radicalismo, Romero dijo que en este proyecto se mantiene la falta de un programa económico porque “no hay pautas claras para superar la inflación”.
“No compartimos la macro, pero estamos dispuestos a seguir consensuando el Presupuesto”, expresó.
En su discurso dijo que desde JXC quieren aumentar los fondos para el transporte de pasajeros del interior del país, los fondos educativos, y eliminar del Presupuesto para la construcción de Atucha III ya que no figura dentro de los objetivos de la Secretaria de Energía.
Sobre las retenciones, Laspina (PRO) dijo que no se va apoyar el articulo 96 que habilita a subirlas pero propuso que «para que no haya discusiones judiciales mantener las alícuotas de las retenciones y sólo autorizar una rebaja».
El vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (PRO) -una de las espadas económicas opositoras- dijo que su bloque quiere que el Gobierno tenga el Presupuesto, al considerar que «es el primero de los gobierno kirchnerista que presenta un recorte del gasto público”
También hubo pedidos de parte de diputados oficialistas y al respecto el diputado Marcos Cleri informó que acercarán una iniciativa «para la actualización del Fondo del Conurbano para Rosario, con el fin de dotarla de recursos suficientes para mejorar sus políticas de estado: seguridad, educación, salud, etc.”, dijo al referirse a la situación actual de inseguridad que atraviesa.
Su colega Roberto Mirabella (FDT) pidió también un aumento del Fondo para Rosario y Santa Fe y aumentar el Fondo de Compensación al transporte público, al considerar que “existen asimetrías entre el AMBA, CABA y el interior del país”.
Desde la izquierda, Romina del Pla, volvió a rechazar el Presupuesto por entender que cumple con las directivas del FMI y criticó que «aún con una inflación proyectada para el año próximo del 60%, la transferencia para las universidades crece de 2022 a 2023 un 54%. Sería bueno que se informe si se va a modificar porque ahora la docencia universitaria está de paro”.
