El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, dos de sus secretarios y un grupo de abogados, entre otros acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de alivios procesales para narcotraficantes, comenzaron hoy a ser sometidos a juicio en esa provincia y cinco de los imputados aceptaron condenas en procesos abreviados, informaron fuentes judiciales.
El debate comenzó esta tarde en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los subrogantes de Chaco, Juan Manuel Iglesias; de Misiones, Manuel Alberto Moreyra y de Formosa, Rubén Quiñónez.
Además de Soto Dávila, sus exsecretarios penales Pablo Molina y Federico Grau, están sentados en el banquillo de los acusados cinco abogados, un exintendente y tres narcotraficantes.
La fiscalía ante el tribunal encabezada por Carlos Schaefer comunicó en el inicio del debate que acordó cinco juicios abreviados con penas que van de los cinco años y seis meses, a los dos años y ocho meses de prisión.
Los que firmaron juicios abreviados son los traficantes de marihuana de Itatí, Carlos «Cachito» Bareiro, a tres años y ocho meses de prisión; Sebastián «Morenita» Marín, a cuatro años y cuatro meses; y Pablo Torres, a tres años y seis meses.
Asimismo, acordaron los abogados Jorge Vallejos, -también ex policía federal-, por cinco años y seis meses de prisión; y Omar Serial, a dos años y ocho meses; que se suman a condenas previas en causas vinculadas a asociación ilícita y narcotráfico por las que ya purga penas a tres y seis años.
En ese sentido, fuentes del Ministerio Público explicaron a Télam que, salvo Vallejos a quien le cabe su primera sentencia, los demás tendrán cómputos de penas ya que están condenados en otros juicios por narcotráfico. De hecho, Torres purga condena en la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, Chaco; y Bareiro y Marín, en la prisión de Marcos Paz.
Los cinco imputados que acordaron procesos abreviados presenciaron el inicio del juicio por videoconferencia y una vez declaradas sus penas, fueron apartados del debate, con lo cual sus abogados también se retiraron.
En tanto, el exjuez Soto Dávila llegó acusado de ser organizador de la asociación ilícita, así como de cohecho pasivo agravado y prevaricato en calidad de autor, en ocho oportunidades; su exsecretario Molina, por los mismos delitos en cinco oportunidades y Grau, por otras cinco, ambos como partícipes necesarios.
Por su parte, el abogado Duylio Barboza Galeano está acusado de integrar la asociación ilícita y reiterar en cuatro oportunidades el delito de cohecho activo agravado, en calidad de coautor; su colega Tomás Viglione en dos oportunidades y quien fuera su jefe en un estudio jurídico, Gregorio Giménez, en tres.
Mientras que al ex intendente de la localidad de Empedrado, Juan Manuel Faraone, se le imputa un hecho como supuesto intermediario de cohecho activo agravado.
En el inicio del juicio las defensas plantearon una serie de nulidades que se habían presentado en anteriores etapas de la instrucción y de la llegada del caso al tribunal.
En ese sentido, Valeria Corbacho, defensora de Molina, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado, sobre la base de que el inicio de la causa está basado en «legajos secretos». «Durante un año y un mes estos legajos que dieron origen a la causa, permanecieron en un éter donde se iban acumulando pruebas a las que las defensas no teníamos acceso; se sacaban y se ponían elementos que no conocemos cuando por mucho menos terminó condenado el exjuez (Juan José) Galeano», dijo la abogada.
En el mismo sentido, la defensora de Soto Dávila, Mariana Barbitta, planteó que hubo violación al principio de juez natural, pues la causa comenzó a ser investigada por el juez Sergio Torres cuando estaba al frente del Juzgado Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a lo que denominó la ausencia de pruebas directas.
De acuerdo con ese planteo, de los ocho hechos que se le imputan al exmagistrado no se desprenden escuchas que refieran al supuesto delito de coimas ni con los abogados que habrían oficiado como intermediarios, ni con sus secretarios penales.
Según se conoció hoy con la lectura de la acusación, los fiscales Diego Iglesias, por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Carlos Stornelli por la primera instancia, les imputan haber percibido $1.345.000, sumando distintos pagos, por diversas resoluciones que representaban alivio procesal para integrantes de las organizaciones narcocriminales de Itatí.
Desde la defensa de Soto Dávila, asesorada además por el abogado Juan Francisco Soto Dávila, se niegan esas operaciones y se afirma que el exjuez correntino registró los índices más altos de captura de narcotraficantes, así como de secuestro de droga en su jurisdicción.
La próxima audiencia está prevista para el 29 de junio por la mañana, en tanto que se prevé que Soto Dávila declare en julio.
