Comenzó juicio a los privados por corrupción en la construcción de la represa Yacyretá
El Tribunal Oral Federal 4 comenzó el juicio oral y público contra empresarios por la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, luego de treinta años de realizada la denuncia por reembolsos millonarios indebidos que el Estado argentino pagó por más de 150 millones de dólares.
Por una denuncia realizada el 22 de septiembre de 1988, en Tribunales de Comodoro Py, comenzó hoy el segundo juicio, esta vez contra los privados: Guillermo Henin, director de la firma Dicmar S.A, quien está en New York autorizado por el Tribunal, Gianfranco Rizzo, representante de la firma Impreglio S.A quien reside en Italia, y Robert Ortega, quien estuvo a cargo de las adjudicaciones.
Debido a problemas de salud, el único de los presentes en la sala de audiencias fue Henin, mientras que los otros estuvieron en sus respectivos domicilios.
El Tribunal Oral Federal 4 dio inicio al juicio luego de idas y vueltas de la investigación cuando siempre estuvo al borde de la prescripción: la denuncia original la hizo Alberto Assef.
Según la denuncia, el Estado pagó reembolsos por más de 150 millones de dólares a la Unión Transitoria de Empresas a cargo de la construcción de Yacyretá.
En 1999 se decretó la prescripción del caso pero el contador Antonio Casanoba denunció un nuevo hecho por la construcción de Yacyretá, vinculado también a reembolsos que pagó el Estado en relación al 15 por ciento por el hormigón utilizado y el 25 por ciento por los neumáticos.
En total así los reembolsos alcanzaron la suma de 191.004.275,394 de dólares.
La causa pasó por seis jueces federales y ahora el Tribunal Oral Federal 4 fijó la fecha para el viernes 18 de octubre y donde declararán 30 testigos en el proceso: durante el mismo se evaluará de por sí si el caso está o no prescripto por el paso del tiempo.
Es el segundo juicio por el hecho, pues en uno realizado en 2013 se condenó a seis ex funcionarios de la Subsecretaría de Industria de la Nación, entre ellos el ex subsecretario Miguel ngel Cuervo, con penas de hasta cuatro años de prisión.
Fuente: Norte
