Chaco adhirió a la Ley Yolanda y será obligatoria la formación integral en ambiente en los tres Poderes del Estado
Con 25 votos el Parlamento chaqueño adhirió este miércoles a la Ley Nacional 27.592, conocida como “Ley Yolanda”. La normativa fue sancionada a partir del tratamiento del proyecto 1931 y sus agregados, incluido el último ingresado por el Ejecutivo provincial y anunciado por el gobernador Capitanich en la primera sesión inaugural del periodo legislativo.
La adhesión a la “Ley Yolanda” establece la obligatoriedad en la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible, con énfasis en cambio climático, para personas que se desempeñen en la función pública. Aunque, cabe mencionar, que la normativa provincial también implicará a candidatos a ocupar cargos electivos y autoridades partidarias que deberán capacitarse a través de la Escuela de Gobierno.
La Ley Nacional N° 27.592 establece que todos los trabajadores de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes del Estado deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental.
La normativa propone capacitaciones integrales en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático. Algunos de los ejes que incluye son economía circular y gestión de los residuos sólidos urbanos, problemas ambientales, bienes naturales y biodiversidad, eficiencia energética, derecho ambiental e impacto ambiental en las políticas públicas.
Es conocida como “Ley Yolanda” en homenaje a Yolanda Ortíz, quien en 1973 fue designada al frente de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano por Juan Domingo Perón. Ortíz se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en América Latina. Creó el Consejo Federal del Medio Ambiente y se abocó a incorporar la perspectiva ambiental en la industria. Sostenía que “la temática ambiental no es un problema más, es el problema”.
La educación ambiental en el ámbito público resulta fundamental para poner el foco en una gestión que tenga como objetivo construir políticas que redunden en beneficio de la naturaleza y que a tal fin resulta evidente que para que los funcionarios al momento de pensar, elaborar y ejecutar políticas públicas, para incorporar acciones de sustentabilidad ambiental.
