Caso Sergio Alila: la jueza Fernández Floriani denunció al abogado defensor y se aparta de las causas
La jueza Correccional N° 2 de Resistencia, Natalia Fernández Floriani envió el jueves 14 a la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional la solicitud de inhibición para no intervenir en las causas en las que actúa Miguel Ángel Barceló, abogado de Sergio Alila, tras haberlo denunciado penalmente. La resolución de la jueza se conoció tras las declaraciones que realizó el abogado en el marco de la causa en la que se investigó al influencer Sergio Alila, en la que el pasado 21 de junio se lo condenó a cuatro años de prisión por “abuso sexual simple en concurso real con privación ilegítima de la libertad”.
Tras la denuncia de amenazas, la inhibición de Fernández Floriani vuelve innecesario el dictado de una resolución que analice la solicitud de apartamiento con la que días atrás el letrado la había recusado en las distintas causas en las que Barceló actúa en dicho Tribunal. Con esta decisión, la jueza se aparte de la causa por «abuso sexual simple en concurso real con privación ilegítima de la libertad», tras aplicar –según sus consideraciones- la ley de acuerdo a lo establecido la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y normativas nacionales y provinciales en consonancia con la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del STJ de la provincia del Chaco.
La inhibición
La jueza titular del Juzgado Correccional N° 2 se inhibió de actuar en las causas en las que interviene Miguel Ángel Barceló, por haber realizado el pasado 12 de julio una denuncia penal contra el abogado, por el supuesto delito de “amenazas contra su persona”, la cual ingresó a la Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana de las Fiscalías Penales.
La magistrada, además, envió sendos escritos a los organismos encargados de las sanciones disciplinarias de los abogados y de quienes ejercen el control de la matrícula, respecto al comportamiento que “el letrado debe guardar ante los integrantes de la Magistratura, funcionarios y empleados judiciales”.
