Durante la tarde de este jueves, Patricia Bullrich reactivó el protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales, una iniciativa que había impulsado durante su anterior gestión como ministra de Seguridad y que fue derogada por Sabina Frederic al asumir su cargo en diciembre de 2019, durante la administración de Alberto Fernández. En esta primera fase, la medida se aplica exclusivamente a la Prefectura Naval Argentina, permitiéndoles el uso de armas largas a partir de este mismo jueves.
Bullrich enfatizó la necesidad de retomar este protocolo, señalando que la restricción impuesta por Frederic dejaba a la Prefectura en una situación desventajosa en la defensa de las fronteras, especialmente en el patrullaje de ríos frente a la amenaza de la criminalidad organizada. Según la ministra, las armas cortas autorizadas previamente no proporcionaban el alcance necesario para enfrentar adecuadamente las situaciones de riesgo.
En conferencia de prensa, Bullrich destacó la importancia de esta medida ante los constantes desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad, donde los agentes se ven amenazados y superados en capacidad de fuego por delincuentes en numerosas ocasiones.
La derogación del protocolo original por parte de Frederic se basó en consideraciones sobre el uso proporcional de la fuerza, en línea con los estándares internacionales y el respeto por la vida humana. Sin embargo, Bullrich sostiene que la autorización para el uso de armas de fuego es esencial en situaciones donde otros medios no violentos resultan ineficaces, especialmente en casos de delitos graves y persecuciones.
El restablecimiento de este protocolo genera opiniones diversas en los tribunales, particularmente entre fiscales y jueces encargados de evaluar el uso de la fuerza por parte de los efectivos. Un fiscal reconocido subraya la importancia de primar el sentido común y la normativa legal en la actuación de las fuerzas de seguridad, asegurando que cada situación debe evaluarse con cautela, considerando el principio de «peligro inminente» establecido en la normativa.
El comunicado oficial que anunció esta medida incluyó la frase «proteger a quienes nos protegen», vinculando la decisión con la defensa de los agentes de seguridad. Esta frase, históricamente asociada al caso del ex policía Luis Chocobar, ha generado controversia debido a la condena que recibió por el homicidio de Juan Pablo Kukoc de 18 años en 2017, lo que refleja la complejidad de los debates sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
El caso Chocobar sucedió en diciembre de 2017 cuando el Kukoc robó y acuchilló junto a un cómplice a un turista estadounidense en el barrio de La Boca. El adolescente llevaba el cuchillo en el bolsillo al momento de ser baleado por la espalda por Chocobar, mientras huía y el policía hizo varios disparos en la cuadra antes de realizarle el mortal que asesinó al joven, plantando así un precedente y siendo bisagra para estas situaciones.
El relanzamiento de este protocolo se produce en un contexto donde Bullrich enfrenta cuestionamientos por otras políticas de seguridad, como su proto
