Barranqueras: la Justicia ordenó a la intendenta informar al Concejo cuánto cobra por “incompatibilidad”

Un fallo de segunda instancia ordenó a la intendenta Alicia Azula informar al Concejo Municipal cuánto perciben los funcionarios del Ejecutivo en concepto de bonificación por incompatibilidad. Es en el marco de una acción de amparo impulsada por el presidente del Concejo, Raúl Vinokurov.

Una sentencia de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó una acción de amparo a través de la cuál se ordenó a la intendenta de Barranqueras, Alicia Azula, informar al Concejo de esa localidad sobre monto de lo que perciben los funcionarios del Ejecutivo Municipal en concepto de bonificación por incompatibilidad.

El fallo, fue dictado el 7 de marzo por los camaristas Diego Derewicki y Marta Inés Alonso de Martina. En la resolución, confirman el de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo y ordenado a la Municipalidad de Barranqueras que en un plazo de cinco días de notificada arbitre recaudos pertinentes para que el amparista acceda a la información pública solicitada de acuerdo a lo que prescribe la ley 1774-B, debiendo informar sobre el cumplimiento de la medida.

En mayo de 2017, el presidente del Concejo de Barranqueras, Raúl Vinokurov, había solicitado a la intendenta Alicia Azula información sobre las bonificaciones que percibe y acompañe recibos de sueldo por los períodos comprendidos entre septiembre de 2016 y abril de 2017 inclusive, lo que fue respondido en forma parcial e incompleta por parte del Ejecutivo Municipal. Posteriormente, el edil decidió impulsar una acción de amparo amparándose en el derecho de acceso a la información pública.

En sus fundamentos, el fallo señala que la intendenta Azula actuó contraria a derecho al brindar información parcial a la solicitud del presidente del Concejo. En ese sentido, puntualiza que “dar a conocer las bonificaciones que perciben los funcionarios, los montos de las mismas y desde cuándo, acreditando ello con los recibos de haberes, dentro del marco de la propia institución, no encuadra en los supuestos de excepción”. Agrega, además, que “no se trata de datos personales cuya información interna solicitada afecten la reputación, el honor, la intimidad y el orden público como sostiene la demandada, ya que los haberes de los funcionarios, en el caso la Intendente, son abonados por las arcas del Estado Municipal. Por lo que teniendo en cuenta los principios enunciados, en particular el de transparencia en la gestión pública, y de conformidad a lo estipulado en las Leyes Nº 1774-B y Nº 1341-A, su publicidad permitirá tener un control sobre las erogaciones que se efectúan con fondos que son públicos”.

Fuente: Chaco Día Por Día