El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Legislación General; y Presupuesto y Hacienda aprobó por unanimidad de todos los bloques el despacho para el tratamiento de la actualización de la Ley de barrios populares, sancionada a finales de octubre de 2018.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que incorporó finalmente aportes de la oposición, propone en algunos de sus puntos prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años, refrenda la actualización del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) aprobada por decreto el año pasado, declara la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental e incorpora la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de lotes con servicios, entre otros temas.
“La urbanización de barrios populares nos permite mejorar las condiciones de vida de quienes más necesitan del acompañamiento del Estado y, al mismo tiempo, es un plan de inversión y genera trabajo en los mismos barrios donde se producen las mejoras”, dijo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta.
La Ley sancionada en el 2018 permitió la declaración de interés público de la integración socio urbana y la creación de un fideicomiso como instrumento para lograrlo. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que se constituyó en el año 2020 y está compuesto con fondos del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas y del Impuesto PAIS.
“La política tiene la responsabilidad de construir grandes consensos que mejoren sustancialmente la calidad de vida de los sectores más vulnerados, en cuestiones básicas como garantizar infraestructura para que ningún niño o niña en nuestro país crezca sin acceso al agua potable”, explica Fernanda Miño, secretaria nacional de Integración Socio Urbana y presidenta del FISU.
