Autorizan a las fuerzas seguridad a hacer escuchas por narcotráfico y secuestros
Así lo decidió la Corte Suprema al habilitar locutorios en la sede de la Policía Federal. Quieren lograr lo mismo con Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA). Un ex director de Narcotráfico de México admite que Argentina es el escondite de los grandes jefes y uno de cada 3 arrestos es por tenencia de estupefacientes para uso personal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó locutorios para escuchas telefónicas online en la sede de la Policía Federal para intervenir solo en casos de narcotráfico y otros delitos graves, con el fin de agilizar las causas. Apuntan además a implementarlo con la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA).
Las escuchas se hacían hasta ahora desde 28 boxes que funcionan en la sede de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco, ex OJOTA), ubicada en la Avenida de los Incas 3834, en Capital Federal. Sin embargo, ante el aumento de casos contra el narcotráfico, secuestros, desapariciones, prófugos y otros delitos, las fuerzas de seguridad pidieron tenerlos en sus propias sedes para poder intervenir en forma más rápida.
En la actualidad, la Dajudeco mantiene unas 5.000 líneas telefónicas intervenidas por orden de jueces federales y provinciales. De ellas, «unas 300 necesitan de un escucha online por la gravedad de los casos», explicaron fuentes judiciales al periodista Daniel Santoro del diario Clarín.
Cuando no existe una urgencia, el equipo de la Dajudeco graba y luego manda los audios al juez, pero la cosa cambia cuando se trata de un delito en que está en juego la vida de una persona u otro elemento de gravedad. Además, como hasta ahora es difícil para los magistrados de las provincias conseguir una intervención telefónica por los pocos recursos disponibles en el interior, la Dirección impulsa estos acuerdos con las fuerzas de seguridad federales. De este modo, con los locutorios de las fuerzas de seguridad “se federalizará esta herramienta para todos los jueces”, completaron.
La creación de los locutorios se hizo “siguiendo un estricto protocolo y siempre bajo la orden de un juez”, añadieron las fuentes judiciales citadas. Un ejemplo de ello es que la Gendarmería pasó de intervenir en 600 a 1.000 casos de narcotráfico y sus investigadores necesitan “pinchar”, en promedio, 50 teléfonos por día.
La habilitación de un cable de fibra óptica desde la sede de la Avenida de los Incas hasta esos locutorios en el Departamento Central de la Policía Federal «se hizo bajo una serie de normas” y el control de la Dajudeco que supervisa el miembro de la cámara federal porteña, Martín Irurzun, y su secretario letrado y candidato a juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte. Cada semana y de modo presencial, los boxes son auditados por la Dajudeco.
Pese a ello, la intervención de un teléfono debe ser “pedida por un juez, quien debe especificar a qué fuerza delega la tarea y el nombre de los efectivos que tendrán acceso a las escuchas en un estricto marco de confidencialidad”, entre otras medidas de seguridad. Además, para entrar a los boxes hay un control biométrico y registros de aquellos que estén autorizados a escuchar o desgrabar las cintas.
Sobre Dajudeco. Se trata de la dependencia creada por la Corte y que, por decreto del presidente Mauricio Macri, heredó las escuchas judiciales que históricamente se encontraban a cargo de los servicios de inteligencia en la llamada oficina OJOTA. En distintas etapas desde que se restauró la democracia, ésta última fue usada para escuchar ilegalmente a opositores y periodistas críticos.
En 2018, la Dajudeco había sido criticada por abogados kirchneristas por la filtración de las escuchas a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y al extitular de la SIDE Oscar Parrilli en la causa por la presunta protección política al traficante de efedrina Ibar Pérez Corradi. Sin embargo, el Gobierno, la Corte y sectores del peronismo acordaron mantener la oficina en la órbita de la Justicia y darle un marco normativo mediante un proyecto de ley en el que trabajan los senadores justicialistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.
En ese momento, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sostuvo que las fuerzas de seguridad nacionales tenían en curso unas siete mil investigaciones «en las cuales se necesitan interceptar comunicaciones, y en todas ellas las fuerzas federales coordinan con la Dirección en el marco de los protocolos y la ley». Por lo que concluyó: «»Las operaciones que llevamos a cabo día a día serían imposibles sin el profesionalismo de todas las partes involucradas en la inteligencia criminal».
Fuente: Perfil
