Aprueban prórroga por cuatro años de beneficios para biocombustibles
Dicho régimen prevé beneficios impositivos para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas.
El régimen caduca en mayo de 2021 y su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024 fue considerada «clave» por todas las bancadas políticas para orientar las inversiones que podrá hacer el sector, denominado como la industria «verde», en medio de la crisis económica y social por la pandemia de coronavirus.
Durante la sesión especial del Senado, el presidente de la comisión de Minería y Combustibles, el oficialista José Uñac, argumentó que si no se prorrogaba la norma «se tiraban por la borda 15 años de esfuerzos de la industria» y adelantó que se trabajará para actualizar la ley.
Como miembro informante, la legisladora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnún, calificó como «fundamental e indispensable» la extensión y reconoció que «seguramente no va a alcanzar» y será necesario, en el futuro, «un gran acuerdo de todos los sectores para abordar la problemática de los biocombustibles».
Sacnún ponderó el «consenso» logrado entre oficialismo y oposición para unificar 15 propuestas de prórroga para una industria que, dijo, «no está subsidiada sino regulada y que desde hace varios años viene sufriendo precios y políticas que la perjudican y ponen en riesgo los miles de puestos de trabajo que genera».
La senadora santafesina coincidió con su par de bloque, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, en el impacto positivo de la producción de biocombustibles en el medio ambiente por la reducción de gases contaminantes y la rotación del suelo para los cultivos.
La legisladora también señaló que la sustitución de importaciones de nafta y gasoil por la de biocombustibles como el bioetanol, el biodiesel y el biogas «ha sido importante» en los últimos años y opinó que si las fuerzas políticas «son inteligentes» en Argentina se debe ir «hacia un incremento de ese proceso».
«No se trata de reemplazar sino de generar sinergia positiva para poder motorizar las economías», agregó Sacnún.
En representación de Juntos por el Cambio, la senadora Silvia Elías de Pérez sostuvo que la norma es «muy buena noticia» así como el acuerdo logrado con el oficialismo para mejorar una industria que «ha generado más de 250 mil puestos de trabajo», y consideró que «ha sido uno de los proyectos más federales».
A su turno, la presidenta de la comisión de Ambiente, Gladys González, tras apoyar la extensión, dijo que «ha llegado la hora de discutir una nueva ley» para actualizar la norma vigente, que fue sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En tanto, su par de San Luis, Claudio Poggi, señaló que hubiera preferido que la prórroga «sea mayor que cuatro años», junto con la posibilidad de «la mezcla de corte de combustibles fósiles con biocombustibles sea mayor».
Poggi no obstante, valoró que se haya avanzado en la extensión de los beneficios para el sector con la prórroga hasta 2024.
El legislador puntano también alertó sobre la crisis que atraviesan las pymes del sector, mientras que el senador de PRO Alfredo De Angeli, pidió «trabajar fuertemente para una nueva ley» y poder «pensar a largo plazo con políticas de Estado que generen más mano de obra y no tener obstáculos con otros países para producir» como «las retenciones».
En el cierre, el senador opositor Juan Carlos Romero consideró que existen puntos que se deben «corregir» en la norma para lograr «un crecimiento exponencial» de los biocombustibles por «la carga impositiva alta y la falta de actualización de precios que «desalientan la inversión».
También señaló que el porcentaje de corte -que fija la mezcla permitida entre combustibles fósiles y biocombustibles- que el gobierno anterior aumentó a un 12 por ciento «ya debería estar en el 15 por ciento».
El Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustible prevé exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta establecido por la Ley Nº 25.063.
También dispone que los biocombustibles no estén alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado ‘Sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil’ así como tampoco por los tributos que en el futuro puedan sustituir o complementar a los mismos.
Fuente: Télam
