Alimentos: la Justicia falló contra el Gobierno y cuestionó a Grabois y Gianni por su cruce
La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar del juez Sebastián Casanello que le ordenó al Gobierno elaborar un plan de distribución inmediata de los alimentos almacenados para comedores populares y merenderos.
La decisión fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
El tribunal de alzada avaló la decisión del magistrado de «encomendar al Ministerio de Capital Humano a que elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato».
Casanello había dado un plazo de 72 horas para elaborar ese plan, aunque el Gobierno no lo cumplió.
El tribunal señaló que en el expediente «se intenta establecer si los funcionarios públicos incurrieron en hechos delictivos al haber suspendido la entrega de alimentos a los comedores comunitarios».
«Las leyes penales otorgan las herramientas preventivas concretas que el juez utilizó para intentar, o bien el cese de la comisión del hecho presuntamente delictivo que se investiga, o bien evitar que se agraven sus efectos», reivindicó la Cámara la actuación de Casanello.
CUESTIONAMIENTOS A GRABOIS Y GIANNI
«Las partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrario», advirtió el juez Farah en su escrito. Sus palabras hacían referencia al enfrentamiento entre Grabois y Gianni en la audiencia que terminó con una escandalosa pelea a los gritos.
«Pusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadas».
Por su parte el juez Boico apuntó a Gianni: «A cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrario».
