Al menos 52 mujeres tenían medidas de protección al momento de ser asesinadas
A más de cinco años de aquella primera marcha de Ni Una Menos, el abordaje de la violencia de género sigue pendiente: en lo que va del año, 49 mujeres fueron víctimas de femicidio. Este mes, el femicidio de Úrsula Bahillo, en provincia de Buenos Aires, y el de Guadalupe Curual, en Villa La Angostura, pusieron sobre la mesa una profunda falla en la articulación de las instituciones para abordar las situaciones de violencia antes de que las mujeres sean asesinadas. En ambos casos, las víctimas habían denunciado a sus agresores en más de una oportunidad. Este viernes, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un informe donde analizó los hechos previos de violencia de género y las medidas de protección adoptadas en los casos de femicidio registrados a nivel nacional entre el 2017 y el 2019. Según los datos de la Corte, al menos 52 mujeres tenían medidas de protección al momento de ser asesinadas. “En casi 1 de cada 3 vínculos ya había habido hechos de violencia de género antes del femicidio”, señala el documento.
El informe, en base a los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), analiza los antecedentes de las 821 víctimas letales de la violencia de género, entre 2017 y 2019. De ellas, 757 son víctimas directas de femicidios y 64 son femicidios vinculados, según define la OVD, “homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer cis o mujer trans/travesti”. Según el informe, el 31% de las víctimas presentaba hechos previos de violencia de género por parte del agresor. De este porcentaje, el 14% se deriva de denuncias y el 17% a partir de otros medios. Como los hechos previos no siempre son denunciados, el informe aclara que estos “pueden surgir tanto de una denuncia formal ante cualquier autoridad competente, como de otros medios de prueba agregados a la causa judicial, por ejemplo testimonios, actas, o informes médicos” que forman parte de los expedientes en las causas que investigan los femicidios.
El contexto en el que se inserta la investigación no es aleatorio: según las cifras registradas hasta el momento por distintos observatorios, cada 26 horas una mujer es víctima de femicidio. En este sentido, el informe de la OVD y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de Elena Highton de Nolasco, “busca contribuir al diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a la justicia, eviten la revictimización y prevengan desenlaces fatales”.
Según el documento, de las víctimas de femicidios registradas durante esos tres años –2017, 2018 y 2019–, 52 contaban con medidas de protección como resultado de denuncias previas. De las 56 resoluciones –hay casos en los que hubo más de una resolución para una misma denunciante– 26 fueron ordenadas por Juzgados de familia o especializados en violencia familiar y de género. Las demás medidas estuvieron a cargo de Juzgados penales o civiles. Por ejemplo, en el caso de Guadalupe Curual, la joven asesinada por su expareja este martes en Villa La Angostura, las denuncias que la mujer venía reiterando sobre el comportamiento del agresor, desde julio del año pasado, estaban a cargo de la Oficina de Violencia del Poder Judicial provincial, que notificaba al juez Jorge Videla, a cargo del juzgado Multifueros de la ciudad. El mismo juez tiene a cargo todo tipo de causas: de familia, laborales y comerciales. El 1 de febrero, Videla ratificó la medida cautelar de restricción de acercamiento que había ordenado contra el agresor, Bautista Quintriqueo. A pesar de las advertencias de la mujer, las medidas no alcanzaron.
Natalia Gherardi, abogada y directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, consideró que las medidas de restricción perimetral “son insuficientes porque no se cumplen”, y su incumplimiento “en general no tiene consecuencias”, señaló a Página/12. Para Gherardi “la denuncia de una mujer muchas veces la pone en una situación de mayor peligro ante el agresor”, por lo que, ante una mayor exposición, “se hace evidente la necesidad de poner en marcha mecanismos de asistencia más cercanos y más presentes en ese primer momento dentro del proceso que se inicia con una denuncia”.
Como en el femicidio de Guadalupe, en los casos registrados por el informe de la OVD las medidas de protección tampoco fueron suficientes. Según el documento, de las 52 víctimas de femicidios que tenían medidas de protección vigentes ordenadas por la Justicia, el 81% eran órdenes de restricción de acercamiento. En 7 casos, además de la restricción o prohibición de acercamiento tenían vigente la medida de exclusión del hogar. El botón antipánico sólo se otorgó en 5 víctimas, según los registros de la Corte de Justicia entre 2017 y 2019. Uno de los reclamos principales de los familiares de las víctimas es la inacción de la Justicia cuando las mujeres denunciaron las situaciones que estaban atravesando. En el caso de Úrsula Bahillo, asesinada por el policía Matías Ezequiel Martínez, ella y su madre habían radicado tres denuncias y dos ampliaciones. La última advertencia, el 7 de febrero, tuvo lugar un día antes del femicidio.
“Si se toman los tres años en conjunto, se registraron en promedio al menos 17 víctimas con medidas de protección vigentes por año”, resume el documento. Sin embargo, tal como afirmó la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, “si no hay control, las medidas no tienen sentido”.
Informe: Lorena Bermejo
Fuente: Página12.
