El funcionario camporista Fabián «Conu» Rodríguez fue quien le consiguió $ 4 millones al espía en concepto de «publicidad».
Fabián «Conu» Rodríguez, quien se desempeñó como subsecretario de Coordinación de Medios en el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires y posteriormente como subdirector General de Servicios al Contribuyente en la AFIP, enfrenta acusaciones por pagos irregulares en concepto de «publicidad» por unos 4 millones de pesos al policía retirado y espía inorgánico Ariel Zanchetta.
Este financiamiento, informado por el periodista Daniel Santoro para Clarín, se revela como crucial en las tareas de inteligencia de Zanchetta, las cuales llevaron al fiscal Gerardo Pollicita a solicitar la detención e indagatoria del funcionario de La Cámpora. Aunque el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la detención, las pruebas presentadas indican que Zanchetta «reportaba» a Rodríguez y llevaba a cabo actividades de espionaje ilegal.
El fiscal Pollicita reprodujo intercambios de mensajes que evidencian la relación entre ambos, destacando que Zanchetta seleccionó como «blanco» a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y le informó a Rodríguez sobre las actividades de inteligencia a través de un «parte». Además, se revela que Zanchetta recibía pagos adicionales de los sitios Agencia Nova y Real Politik por las operaciones solicitadas por Rodríguez.
Rodríguez, quien fue subsecretario de Coordinación de Medios del gobernador Axel Kicillof antes de su paso a la AFIP, está siendo investigado por su presunta participación en actividades de inteligencia prohibidas por la Ley de Inteligencia Nacional. El fiscal señala que estos actos ilícitos eran financiados a través de la asignación de pauta oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las pruebas presentadas incluyen informes detallados sobre la ministra Tolosa Paz, con datos que van desde antecedentes laborales y salarios hasta propiedades en el extranjero. El escándalo también revela pagos oficiales de la provincia a Zanchetta por un total de $1.980.000, lo que apunta a un presunto uso indebido de fondos públicos.
Este nuevo episodio de corrupción pone en entredicho la integridad del gobierno provincial y de La Cámpora, mientras las autoridades judiciales continúan investigando las denuncias y la sociedad espera respuestas sobre la conducta de los funcionarios implicados.
