Además de los fondos para jubilados, Milei eliminó el Fondo Docente y los giros para el Transporte en 13 provincias
El clima político en Argentina se agita nuevamente, esta vez con tensiones entre el Gobierno Nacional y las provincias, tras la decisión de eliminar a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) las transferencias que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizaba a las cajas de jubilaciones bajo control de 13 provincias. Este paso, sumado a otras medidas de ajuste, ha desencadenado un nuevo capítulo de conflictos políticos y legales entre ambas partes.
La medida, publicada el pasado jueves bajo el DNU 280/24, afecta a varias provincias que no han transferido sus cajas jubilatorias a la Nación. Entre estas se encuentran distritos de diversos signos políticos, desde peronistas como Buenos Aires, hasta ex integrantes de Juntos por el Cambio como Chaco y Santa Fe. La eliminación de estos fondos se suma a la reciente eliminación de otros programas y fondos, como el Fondo Nacional Docente y el Fondo Compensador del Transporte, así como demoras en el pago del Servicio Alimentario Escolar.
Desde enero, el Gobierno había dejado de transferir millonarias partidas a provincias que también habían reclamado por la actualización de los montos coparticipables. Esta decisión, además, se ve respaldada por la eliminación de artículos de la ley de Presupuesto 2023, que obligaban al Gobierno a cubrir dicha diferencia antes del día 20 de cada mes, establecida durante la administración anterior.
El presidente de la Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, propuso cubrir la deuda nacional con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), sin embargo, esta propuesta no prosperó. Giordano, así como otros funcionarios y dirigentes, han responsabilizado al ministro de Economía Luis Caputo por la merma en el envío de fondos.
Ante este panorama, las provincias afectadas están evaluando acciones legales y políticas. Gobernadores como Maximiliano Pullaro de Santa Fe, han expresado su descontento, señalando la contradicción entre las convocatorias de diálogo del Gobierno y la toma unilateral de decisiones por decreto. Pullaro, junto con otros mandatarios provinciales, planea llevar nuevamente el reclamo a la Casa Rosada.
La situación se agrava con la eliminación de otros fondos y programas, como el FONID y el fondo compensador del Interior, destinados a subsidios y apoyos para áreas críticas como la educación y el transporte. Estas medidas han generado un malestar generalizado entre los gobernadores, que se traduce en reclamos legales y en la búsqueda de soluciones conjuntas.
En medio de este contexto tenso, el Gobierno busca aprobar nuevas leyes y reformas fiscales, enfrentando resistencias tanto en el Congreso como en los tribunales. La incertidumbre política y económica se profundiza, mientras las provincias reclaman el reconocimiento y la compensación de sus deudas por parte del Gobierno Nacional.
