El Ejecutivo provincial y el 65% de los amparistas lograron un entendimiento y, de esta manera, se da cumplimiento a un fallo de hace 18 años. El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura indicó que es “la primera vez en la provincia que esta deuda se pagará con los recursos genuinos del Estado, sin tener deudas con el sector privado».
El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, se reunió con jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el fin de firmar un acuerdo para el pago de una deuda, dando cumplimiento a un fallo judicial que ordena un reajuste salarial para magistrados y funcionarios judiciales.
Si se toma como referencia la totalidad de magistrados y funcionarios judiciales involucrados en la causa, el monto total de la deuda actualizado a la fecha asciende a 1.096 millones de pesos. Ante esta situación, el gobierno provincial ofreció un plan de pago que permite dar pleno cumplimiento al fallo y, a la vez, continuar con una administración responsable de los recursos públicos en un contexto económico nacional delicado.
El entendimiento contempla un esquema general de 12 cuotas iguales y consecutivas, siendo las primeras seis sin interés y las seis restantes actualizables con la tasa de interés pasiva del Banco de la Nación Argentina. A este régimen se acogieron 50 personas.
Para el caso de amparistas mayores de 70 años o que acrediten una enfermedad severa, el Poder Ejecutivo ofreció un plan de pagos diferencial en sólo seis cuotas iguales y consecutivas, al que se adhirieron 32 personas. “Gracias a una administración responsable de los recursos provinciales durante los últimos cuatro años de gestión, es la primera vez en la provincia que esta deuda se pagará con los recursos genuinos del Estado, sin tener deudas con el sector privado», afirmó Pérez Pons.
Así, un total de 82 amparistas acordaron la forma de pago del fallo judicial, cuya deuda representa el 65% del total. “Esperamos que el resto de amparistas se sume en los próximos días al acuerdo, al que ya arribamos con la mayoría de los magistrados y funcionarios judiciales involucrados”, señaló el ministro de Economía.
El fallo que ordenó el pago del reajuste se originó en la causa «Alonso de Martina, Marta Inés y otros S/ acción de amparo” (Expediente N°59854/05; y sus acumulados), iniciada hace 18 años, favoreciendo a parte del Poder Judicial -magistrados y funcionarios- incluyendo a todos los años transcurridos.
En concreto, dispone el reajuste de los salarios tomando como referencia el 80% del promedio salarial del resto de las provincias. “Este acuerdo viene a saldar un conflicto abierto durante 18 años en Chaco”, explicó el titular de la cartera económica.
Política salarial
Pérez Pons, que firmó el acuerdo en representación del Poder Ejecutivo porque el gobernador Jorge Capitanich le delegó las facultades a través del Decreto Nº2652/23, precisó la política salarial destinada al Poder Judicial chaqueño: “Cumplimos a rajatabla con lo que expresa la Ley 3424-A”, dijo.
“Creamos el ‘Ajuste por Revisión’, un concepto que permite igualar el salario de los jueces (y, por lo tanto, de todo el Poder Judicial) al de la media regional cada 6 meses”, precisó. Además, “pusimos en marcha una comisión técnica para evaluar la factibilidad de la aplicación de la media nacional al salario judicial chaqueño, siendo materia de análisis para la próxima gestión su aplicación total o parcial”, añadió.
Para finalizar, el titular de la cartera económica, indicó que “en los primeros nueve meses del año, el salario de un juez de cámara se incrementó 121,4%, lo cual resulta superior a la inflación, al aumento del dólar o de cualquier otro precio de referencia que se quiera tomar. De esta manera, un juez de cámara del Chaco pasó de cobrar 542.170 pesos en febrero a 1.200.445 pesos en septiembre”.
