Activistas y profesionales de la salud aseguran que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no es equitativo en todo el país y se dificulta en las provincias de Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.
A seis meses de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, profesionales de la salud y activistas por el derecho al aborto, valoran la vigencia de la norma, pero reclaman que se aplique en todo el país, ya que hay zonas donde el acceso se dificulta y encuentra barreras en personas que realizan acciones ilegales que impiden garantizar el derecho.
La ley 27.610, de IVE, se aprobó el 30 de diciembre de 2020 y fue promulgada el 14 de enero de este año.
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Las disparidades
Formosa, Misiones, San Juan, San Luis, La Rioja, Catamarca son provincias «donde el acceso al derecho es muy dificultoso», dijo a Télam Yamila Picasso, politóloga feminista, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
El análisis coincide con un relevamiento hecho por esta agencia con consultas a profesionales de la salud, que ubicaron a Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Fe, Neuquén, Chubut y ciudad de Buenos Aires como los distritos donde la aplicación de la ley es más fácil.
Desde Esquel, Chubut, la médica tocoginecóloga Veronica Butinof también refuerza, en diálogo con Télam, la disparidad en la aplicación de la norma.
Ella integra la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y, si bien valora el logro que significa la ley IVE, considera que «aún falta un cambio sociopolítico, porque la ley no transforma milagrosamente la realidad».
Y la realidad muestra que «las principales barreras están en el sistema de salud porque hay que cambiar sus estructuras machistas», afirma la profesional.
«Con la ley hay personas que quedan en la ilegalidad, como algunos responsables de farmacia de organismos provinciales que se niegan a repartir misoprostol», enfatiza la médica.
