La Corte Suprema iraní ordenó que un joven manifestante condenado a muerte a principios de noviembre vuelva a ser juzgado, informó hoy la agencia de noticias de la autoridad judicial Mizan Online.
Mahan Sadrat forma parte de las 11 personas condenadas a la pena capital en relación a las manifestaciones que sacuden al país desde hace tres meses tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por no llevar puesto el velo correctamente.
Dos condenados a muerte, ambos de 23 años, ya fueron ejecutados, tras ser condenados por haber matado o herido a miembros de las fuerzas de seguridad o paramilitares.
Sadrat fue declarado culpable el 3 de noviembre por ser un «mohareb» (estar en guerra contra Dios), tras haber sacado un cuchillo y sembrar el miedo alrededor suyo, había informado la agencia oficial de noticias Irna.
Por su parte, el joven niega haber sacado un cuchillo, aunque admite que prendió fuego a una moto, según Irna.
Su condena a muerte había sido suspendida la semana pasada.
«Según los nuevos motivos y elementos de prueba en el caso de Mahan Sadrat Marni, el pedido de nuevo proceso del acusado fue considerado conforme a la ley (…) y el caso ha sido reenviado al tribunal para un nuevo proceso», indicó hoy Mizan Online, sin dar más detalles
La agencia de la autoridad judicial también apuntó que «no se pronunció ninguna condena definitiva» en lo que atañe al médico Hamid Ghare-Hasanlou, después de que el diario reformista Etemad informara hoy que esa condena «había sido anulada», consignó la agencia de noticias AFP.
La muerte de Amini el 16 de septiembre desató multitudinarias protestas en todo Irán.
Además de los 11 condenados a pena de muerte por la Justicia iraní, la ONG Iran Human Rights (IHR) denunció que al menos otros 39 manifestantes corren el riesgo de ser ejecutados.
La institución con sede en Noruega consignó que al menos 469 personas, incluidos 63 niños y 32 mujeres, perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
La ONU designó ayer a tres mujeres -la defensora de derechos humanos argentina Viviana Krsticevic, la profesora de Derecho paquistaní Shaheen Sardar Ali y la abogada de Bangladesh Sara Hossain- como responsables de la misión que investigará la represión a las protestas que sacuden a Irán desde septiembre.
La misión, votada el 24 de noviembre por los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene como fin «investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, especialmente con respecto a las mujeres y los niños».
Las tres mujeres deberán documentar la represión orquestada por las autoridades iraníes y las posibles violaciones de los derechos humanos, de cara a un eventual proceso judicial, en Irán o en el extranjero.
